El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública local, que abroga las facultades de la Secretaría de Gobierno para operar los programas de regularización de la tenencia de la tierra, que realiza por conducto de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT).

Los programas serán ejecutados ahora en su totalidad por la Consejería Jurídica, que ya intervenía en la entrega de escrituras públicas en las jornadas notariales.

En el proceso electivo interno del Partido de la Revolución Democrática en 2012, grupos de dicha organización acusaron a la DGRT, encabezada entonces por Alfredo Hernández Raigosa, líder de la corriente Movimiento de Equidad Social de Izquierda (Mesi), de lucrar políticamente en la delegación Iztapalapa con la entrega de escrituras públicas.

Dichos señalamientos se repitieron en 2015 contra el mismo dirigente partidista, ahora como titular de la Procuraduría Social, que a través del programa Procura tenía promotores en unidades habitacionales haciendo difusión de los servicios de regularización de viviendas de la DGRT. La actual dirección de este organismo ya no está vinculada a dicho grupo político.

En la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo local se señala que tanto la Secretaría de Gobierno como la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tienen atribuciones en materia de regularización de la tenencia de la tierra, pero esta última tiene encomendadas gran parte de las actividades, como la elaboración de los decretos expropiatorios y desincorporatorios, la sustanciación de los procedimientos correspondientes y las que corresponden al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México.

Por lo anterior, resulta claro que las actividades citadas guardan mayor relación con la materia de regularización de la tenencia de la tierra que las asignadas a la Secretaría de Gobierno, lo que provoca distracción en tiempo y recursos, señala el documento que se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.