En el caso Iguala ‘‘no hay una verdad establecida’’, afirmaron familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014, y pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que intervenga para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ‘‘se quede de manera indefinida en México hasta que concluyan las investigaciones’’.

En conferencia de prensa al término de un encuentro con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, y el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos Torres, los padres de familia aseguraron que el gobierno federal no logrará dividir a los familiares y sus representantes, y demandaron que se detengan las campañas de difamación y desprestigio porque no funcionará su intención de separarlos.

El vocero de los familiares, Felipe de la Cruz, señaló que este encuentro fue ‘‘duro’’, ya que se reclamó a los servidores públicos que hubieran revelado los resultados del tercer peritaje practicado en el basurero de Cocula sin que antes informaran a los familiares de las víctimas, y se exigió al gobierno federal que ‘‘deje de espiar’’ sus teléfonos y se concentre en la búsqueda de los estudiantes.

‘‘Es aberrante que el gobierno insista en ubicar el caso en el basurero de Cocula. La investigación debe seguir abierta, aunque los expertos internacionales no se queden’’, señaló Felipe de la Cruz.

Durante el ríspido encuentro, los padres de familia reprocharon a los funcionarios de la PGR y del gobierno federal el ‘‘doble discurso’’ que mantiene respecto a la actuación del GIEI, pues mientras en privado expresan que su labor ha sido relevante para la investigación, en público prácticamente quieren correrlos del país. Insistieron en que el gobierno federal reconsidere su posición de no renovar el mandato del grupo de expertos.

En ese contexto, señalaron que durante el encuentro la PGR y los padres de familia llegaron a tres acuerdos: primero, que la investigación se mantenga abierta y que continúe la búsqueda de los estudiantes; segundo, tener un encuentro personal en el que los seis expertos en materia de fuego que participaron en el tercer peritaje en el basurero de Cocula les expliquen personalmente los procedimientos que siguieron hasta llegar a su conclusión de que en ese lugar hubo un incendio controlado.

Tercero, la PGR se comprometió a no revictimizar a los familiares y padres de los estudiantes desaparecidos y a que sean los primeros en ser informados de avances o nuevos datos en la indagatoria.

Los padres de familia confiaron en que la procuradora ‘‘no nos eche al cajón del olvido’’, ya que, indicaron, tanto Arely Gómez como el subprocurador Betanzos reconocieron que fue un error no haberles informado antes los resultados del tercer peritaje y por ello les ofrecieron una disculpa.

En tanto, Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, afirmó que si las dos autoridades ‘‘pensaron que su criminalización nos iba a separar, no es así, resultó lo contrario: estamos más unidos que nunca. Lo único que quiere el gobierno es que su verdad histórica sea lo que prevalezca’’.

Finalmente, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas, aseguró que el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirma que lo sucedido en Iguala en septiembre de 2014 no fue una cuestión en la que participaran sólo autoridades municipales de Iguala y Cocula y miembros de Guerreros unidos, sino hay otras instancias involucradas.