La presidenta de la comisión investigadora del caso Iguala en la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía (PAN), y el vicecoordinador panista, Federico Döring, anunciaron que solicitarán a la Junta de Coordinación Política que convoque a San Lázaro al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, con el propósito de que abunde en la información proporcionada por un nuevo testigo sobre la agresión contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La revelación echa por tierra la tesis del entonces procurador general Jesús Murillo Karam, quien sostuvo que las policías Federal y la municipal de Huitzuco no participaron en el ataque a los jóvenes el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Esto ya había sido valorado por la propia CNDH en el informe que dio en julio de 2015, en el que recomendaba a la Procuraduría General de la República (PGR) que se analizara la posible participación de otros elementos de seguridad pública, más allá de los de Iguala y de Cocula, señalados en las investigaciones.

De igual manera, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe sobre el caso Ayotzinapa de septiembre pasado, se refiere específicamente en sus recomendaciones a que se debe profundizar en el análisis de la posible participación de la policía de Huitzuco, y la explicación que da es ésta: hay un número de cartuchos percutidos muy superior al de elementos que participaron, tratándose de las policías de Iguala y de Cocula. Además el chofer de la unidad 1531, que en ese punto específico da su declaración, refiere que primero se los llevaron los agentes de Huitzuco y que había presencia de elementos de la Policía Federal.

Al preguntarle sobre su posición en torno a ampliar el plazo al GIEI para que continúe a cargo de la investigación independiente de aquellos sucesos, la diputada Murguía indicó: “la comisión como tal no acordó, porque así se opuso la mayoría del PRI y sus aliados en el Congreso, a dar un voto de confianza al grupo y solicitar la permanencia de sus integrantes y sus investigaciones mientras durara todo el proceso de averiguación.

En el ámbito personal, me he pronunciado reiteradamente al considerar al GIEI un grupo de expertos de alto nivel profesional y técnico, que han hecho una excelente investigación que ha ayudado a conocer la verdad de los hechos; ha cuestionado de una manera profunda las averiguaciones de la PGR, ha llevado a que nuevamente se lleven a cabo periciales, a que se replanteen líneas de investigación, a que se busque interrogar a elementos de cuerpos de seguridad distintos de los que usualmente la procuraduría ha venido haciendo; creo que el aporte del grupo de expertos ha sido valiosísimo en la búsqueda de la verdad. Mi posición sería que continuara su participación.

Por su parte la diputada Araceli Damián (Morena), integrante de la comisión especial, expuso que las policías de Iguala y de Cocula no actuaron motu proprio, y la CNDH demostró que la PGR no ha implementado una investigación profunda, y eso se llama obstrucción de la justicia, que ha derivado en un desorden inexplicable de la autoridad.

La legisladora, que se ha involucrado particularmente en el caso, consideró deseable que el GIEI continúe trabajando en la investigación, porque la sociedad sí confía en sus integrantes.

Al preguntarle sobre una eventual intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso, la diputada advirtió que el gobierno mexicano se encuentra en una posición de debilidad ante el escrutinio internacional, y por tal razón debe responder a los requierimientos que se le formulen, porque está obligado a cumplir con los tratados multinacionales de derechos humanos.

Por otro lado, el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se refirió a la aportación de la CNDH: Estoy convencido de que este es un expediente sumamente lamentable y triste, que debe concluir con una verdadera investigación, donde se castigue a todos aquellos que incurrieron en faltas o delitos o asesinatos de los muchachos que todavía no han sido localizados, y que eventos supervenientes como éste deberán enriquecer la investigación.