Decenas de colectivos demandaron al gobierno federal que reformule la política de seguridad contra el crimen organizado, ante la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país.

En el contexto de la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, recordaron diagnósticos de fuentes nacionales e internacionales que evidencian la relación entre las políticas de seguridad de combate a las drogas ilícitas y el grave aumento de la violencia en el país.

Citaron que cada vez más organizaciones civiles de derechos humanos documentan la incidencia de tortura, desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias y demás violaciones a derechos humanos de las que son víctimas las personas privadas de la libertad en centros de reclusión, particularmente las mujeres, purgando penas por delitos no violentos relacionados con la posesión de drogas.

En una declaración conjunta, señalaron que entre otros casos documentaron la vulnerabilidad de niños y adolescentes frente a la violencia y el crimen organizado, la violación a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pueblos y comunidades forzadas a cultivar enervantes, los riesgos que enfrentan personas y familias enteras forzadas a desplazarse de sus hogares por la violencia del crimen organizado y ante la falta de mecanismos de protección por el Estado.

Asimismo, violaciones a derechos humanos de migrantes que cruzan el país, los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, además de la fabricación de culpables y la restricción de libertades fundamentales en el contexto de una política de seguridad fallida.

Las agrupaciones civiles resaltaron que en México el impacto del régimen internacional de control y fiscalización de drogas ha sido devastador, desde 2006 cuando el ex presidente Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra la delincuencia organizada.

Insistieron en que pese al cambio de gobierno y de la narrativa oficial de la actual administración, mecanismos internacionales de derechos humanos han coincidido en que la violencia generada por fuerzas militares en las regiones del país con mayor incidencia del crimen organizado ha ocasionado violaciones graves a los derechos humanos.

Se pronunciaron porque haya un debate serio sobre el diseño de nuevas políticas públicas que regulen el uso de drogas, con un reconocimiento al fracaso del modelo prohibicionista y de las políticas de seguridad encaminadas al combate de la producción, distribución y posesión de las mismas en el país.

Plantearon que se apliquen medidas alternativas a la persecución penal y al encarcelamiento con perspectiva de género. También señalaron que México debe promover la creación de un procedimiento especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para supervisar y vigilar el respeto a las garantías individuales por la aplicación de políticas antidrogas a escala global.