Tegucigalpa.

Documentos internos de la Inspectoría General de la policía de Honduras revelaron prácticas de sicariato entre sus líderes, informó el diario The New York Times.

Tras el golpe de Estado de junio de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, los directores generales de la policía, José Luis Muñoz Licona, José Ricardo Ramírez del Cid y el jefe de la Dirección General de Investigación Criminal, José Murillo López, se reunieron para planear, ordenar y ejecutar el asesinato del zar antidrogas, el general Julián Arístides González Irías.

Según el periódico, en ese momento el gobierno estadunidense financiaba a la policía hondureña con el fin de ayudarle a depurarse.

El diario estadunidense reveló que unos 25 conspiradores se reunieron en el despacho del director general de la corporación, Salomón Escoto Salinas, quien estaba al tanto de los hechos y prestó su oficina para dicho encuentro.

Ahí uno de ellos abrió un portafolios y repartió manojos de dólares entre los uniformados reunidos como pago por el atentado del día siguiente, indicó The New York Times.

Cuando la mayoría de los policías dejaron la habitación, los tres oficiales de más alto rango hicieron una llamada y le dijeron a su interlocutor que estuviera pendiente de las noticias del día siguiente, revelan los documentos del caso.

El asesinato de González Irías ocurrió el 8 de diciembre de 2009, por encargo del narcotraficante hondureño del cártel del Atlántico, Winter Blanco.

Tras dejar a su hija en la escuela y ya de camino hacia su trabajo, se le emparejó una motocicleta con un conductor y un pasajero; éste sacó una pistola y le disparó.

El caso fue resuelto en sólo tres semanas. Los sospechosos eran comandantes que colaboraban con narcotraficantes. De acuerdo con dichos documentos, la conspiración alcanzó a jefes de la policía.

El asesinato fue encargado por Blanco como venganza. Cinco meses antes, González Irías impidió a Blanco concretar una operación en la que la policía hondureña ayudaría a Blanco a robar 143 kilos de cocaína de un rival.

Dos años más tarde el ex asesor de seguridad Alfredo Landaverde Hernández fue ejecutado de la misma manera, tras señalar públicamente a los mismos comandantes de permitir a bandas criminales infiltrar a la policía.

La investigación concluyó que los sospechosos eran los mismos comandantes ayudados por oficiales de menor rango, pero el caso nunca salió a la luz.

Según el rotativo, varios funcionarios, ministros de seguridad y jefes de la policía conocían los hechos, pero los oficiales implicados siguieron en posiciones de mando o fueron enviados a embajadas.