El proyecto de ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de tortura, que se discute en el Senado, incluye las recomendaciones que formuló Juan Méndez, relator de la ONU en la materia, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña. Dijo que las fuerzas políticas deben redoblar esfuerzos a fin de lograr los consensos que permitan aprobar esta legislación, no sólo porque es una obligación derivada de tratados internacionales, sino porque la ciudadanía lo exige.

En un escrito que el pasado martes 24 hizo llegar al gobierno federal y al Senado de la República, el relator especial sobre la tortura pidió aprobar la legislación bajo los más altos estándares internacionales y se declaró a la entera disposición del Estado mexicano para prestar la asistencia y asesorías técnicas necesarias.

La senadora De la Peña recordó que el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha negado a autorizar la visita del relator, quién sostiene que la tortura sigue siendo generalizada en el país, pero se tomaron en cuenta todas sus observaciones, entre ellas que sea sólo un tipo penal y no dos, como propuso el Presidente en la iniciativa que remitió al Congreso.

Juan Méndez expuso que incluir un tipo penal de tortura y otro de tratos crueles, inhumanos y degradantes podría llevar a que se catalogaran de delitos menos graves hechos que en realidad son de tortura, comprometiendo así la obligación imperativa de sancionarlos.

Resaltó, además, que la nueva ley debe sancionar severamente a las autoridades que toleren o perpetren actos de tortura, incluidos los funcionarios encargados de los lugares de detención. Se deben prohibir las confesiones obtenidas bajo tortura y tipificar como imprescriptible ese delito.

Todos esos elementos están considerados en el anteproyecto de dictamen, comentó la senadora De la Peña, sólo falta la voluntad política para aprobar la ley en este periodo de sesiones, que concluye en dos semanas.

La legisladora perredista resaltó que luego de la difusión del video en que militares y policías federales torturan a una mujer para obtener una confesión, es aún más urgente contar con esa legislación.

Si la tortura sigue siendo generalizada, como ha señalado el relator especial sobre la tortura de las Naciones Unidas, o continúa como un método de investigación, como han denunciado organizaciones civiles, el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio enfrentará una crisis aun antes de estar vigente en todo el territorio nacional, porque este sistema se fundamenta en las pruebas aportadas por los fiscales, no en confesiones. De ese tamaño es el problema que se avizora.

En su escrito, el relator Méndez expuso que es su deber informar al Consejo General de la ONU sobre el desarrollo de la ley contra la tortura y la ley de ejecución penal que se discuten en el Senado. Insistió en que es la oportunidad de crear un marco regulatorio apropiado para la protección de los derechos humanos.