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Sólo 142 personas halladas vivas; el ombudsman local reporta únicamente cuatro casos

Zacatecas: 696 desapariciones forzadas durante el gobierno de Miguel Alonso
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 18 de abril de 2016, p. 29

Zacatecas, Zac.

En el gobierno del priísta Miguel Alejandro Alonso Reyes se han registrado 696 desapariciones forzadas, presumiblemente perpetradas por el crimen organizado, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas (PGJEZ). De esa cifra, 142 víctimas fueron localizadas vivas y 26 muertas. Se desconoce el paradero del resto.

En 2010 desaparecieron 125 personas; 23 eran mujeres, en 2011 sumaron 142, incluidas 17 féminas. En 2012 fueron 96 y 20, respectivamente; en 2013, 109 y 35; en 2014, 95 y 25, y en 2015 sumaron 94 personas, entre ellas 15 mujeres.

En el primer trimestre de 2016 desaparecieron 35 personas, pero no se especificó el sexo.

Sin embargo, los datos de la PGJEZ no coinciden con los del senador zacatecano Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Partido del Trabajo. El pasado 29 de marzo, en tribuna, denunció que el estado vive una situación crítica debido a las desapariciones.

Detalló que, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas, entre 2014 y enero de 2016 desaprecieron al menos 340 personas, 116 más de las que reconoce la PGJEZ.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, a cargo de Arnulfo Joel Correa Chacón, respondió al ser consultada que en este sexenio sólo tiene registrados solamente cuatro casos.

“De 2010 a 2016, ante el ombudsman local se registraron cuatro quejas por desaparición forzada, que involucran a autoridades estatales y/o municipales”, precisó su comunicado.

Correa Chacón ha sido el ombudsman de Zacatecas más criticado, tanto por organizaciones no gubernamentales como por familiares de víctimas, por pasividad y su actitud sumisa frente al gobierno estatal y los ayuntamientos.

En el actual sexenio, reconoció la procuraduría, han sido detenidos y están sujetos a proceso penal 30 policías preventivos que estaban adscritos a siete municipios por su participación en privaciones ilegales de la libertad y desapariciones forzadas.