Concesiones contaminadas
prender a vivir –hacerlo con los ojos de la mente y el corazón bien abiertos– es requisito cotidiano para aprender a morir, aunque algunos quisieran adelantarnos el momento de una u otra forma. En materia de contaminación ambiental, si bien las ambiciones y la explosión demográfica han multiplicado el caos en todos los órdenes, los gobiernos pretendidamente democráticos recurren desde hace tiempo a la nefasta fórmula de otorgar concesiones –de radio, televisión, transporte colectivo, carreteras, etcétera– a cambio de facturas por pagar, silencios, apoyos mutuos o comportamientos recíprocos a solapar.
Así, lo que debían ser permisos y licencias de funcionamiento licitadas por el Estado a cambio de servicios públicos profesionales y socialmente responsables, no sólo rentables, y lejos de que la autoridad ejerciera un control eficaz sobre la actividad del concesionario en provecho de la población, se convirtió en socio implícito de éste, en cómplice de utilidades bilaterales a costa de mezquinos beneficios sociales y, en el colmo del sometimiento institucional, en cauteloso subordinado de los concesionarios, a ciencia y paciencia de partidos, legisladores y administraciones.
Uno de los principales factores de contaminación ambiental y del lento avance económico es la baja calidad del transporte público urbano, la opacidad en el otorgamiento de concesiones –sobre todo cuando los candidatos buscan apoyos– y la asignación de rutas, así como las obligaciones contraídas por el concesionario, la contratación-explotación del personal, sistemas de turnos y vueltas, prestaciones y capacitación de conductores y renovación y mantenimiento de las unidades, que mayoritariamente transportan fuerza de trabajo.
Ante esta añeja y lamentable realidad, muchos ciudadanos se ven obligados a adquirir un auto como medio menos incómodo e impuntual de transporte, no por gusto, sino por necesidad, con gastos adicionales y a onerosos plazos, incrementando el parque vehicular en las poblaciones sin que se incremente la calidad del transporte público, excesivamente autorregulado por falta de supervisión y exceso de funcionarios, compadres y amistades coludidos y beneficiados.
Ya podrán subir la gasolina, los estacionamientos, parquímetros y peaje, todo a costa del automovilista, pero no habrá solución real mientras continúe este contaminado sistema de concesiones.
