Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile y Uruguay destacan entre los países de América Latina con mayores esfuerzos y mejores resultados en ampliación de la cobertura de seguridad social, en particular el pago de pensiones a adultos mayores de 65 años. Con esta política, los viejos no son una carga para las familias, afirmó Alejo Maxit, secretario general de la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina.

En ese país sudamericano, 97 por ciento de los mayores de 65 años reciben una pensión, aunque, reconoció, el desafío es enorme para el futuro, porque el sistema debe ser financieramente sustentable.

El reto está en el envejecimiento de la población y, por tanto, el cada vez mayor número de habitantes que cumplen 65 años y que deben tener acceso a una pensión. En entrevista, el funcionario argentino señaló que se prevé concretar una reforma legal en 2018, con los ajustes necesarios para asegurar la sustentabilidad del esquema de seguridad social.

En países de Asia y Europa se ha optado por aumentar la edad para el retiro como alternativa para enfrentar el cambio demográfico, pero en la nación andina éste no es un tema de la agenda política.

El sistema de seguridad social de Argentina fue galardonado con el Premio de Buenas Prácticas de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), Américas 2016, el cual fue entregado la semana pasada en el foro regional que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

La AISS reconoció, entre otros, el plan de inclusión provisional con el cual se da cobertura a trabajadores domésticos y del campo, el uso de herramientas digitales para realizar trámites y las prácticas de promoción de salud de los asegurados.

Maxit comentó que el Estado es responsable del desarrollo de su sociedad; tiene que ayudar a los ciudadanos, pero, al mismo tiempo, plantear incentivos para su desarrollo. No creo en el Estado protector, pero sí en el que da las herramientas para el desarrollo.

Comentó que la visión en Argentina es garantizar la protección de seguridad social a partir de la infancia. Desde hace varios años existen políticas sociales con base en lineamientos internacionales, las cuales llegan a todos y permiten que 97 por ciento de los adultos mayores de 65 años reciban algún tipo de pensión, dependiendo de si tuvieron un empleo formal durante por lo menos 30 años o bien fueron empleados por su cuenta o en el sector informal.

Aquellos individuos que registran al menos 15 años de trabajo formal y cumplen el requisito de edad de 65 entran a un esquema por el que de inmediato empiezan a recibir una pensión, pero se les descuentan las aportaciones que les faltaron. Al cabo de cinco años esa deuda se cancela y la persona recibe su jubilación al 100 por ciento, explicó Maxit.

De otro lado están las pensiones no contributivas, diseñadas para quienes no cotizaron durante su vida laboral o viven con alguna discapacidad, quienes tienen acceso a una a partir de los 65 años.

El desafío para Argentina es que estos beneficios, que representan una inversión del Estado, se deben convertir en cosas productivas. De ahí la importancia de la formación y desarrollo de niños y adolescentes, a quienes se garantiza el acceso a servicios de educación y salud mediante un esquema de becas. Al mediano plazo, estos recursos les darán las herramientas para el mejor desarrollo dentro de la sociedad, en la edad adulta, a fin de que tengan acceso a un empleo formal, por ejemplo, sostuvo Maxit.