ue nadie acuse de incongruentes al PRI y al autodenominado partido Verde. Siendo los principales representantes del arraigado fenómeno de la corrupción política y gubernamental (aunque los demás partidos han hecho y siguen haciendo denodados esfuerzos proporcionales para mantenerse cuando menos en el rango promedio del ramo), priístas y ecologistas se ausentaron ayer de los trabajos legislativos que pretenden dar viabilidad normativa a un esfuerzo menor, plausible pero superficial e incompleto, denominado 3de3, con el cual se pretende que gobernantes y representantes populares (o candidatos a esos cargos) exhiban su riqueza personal y la de su entorno cercano mediante la publicación de sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

La dupla PRI-PVEM muestra rechazo a intentos de fiscalización aun cuando esa iniciativa empresarial y ciudadana, 3de3, sólo toca aspectos que políticos expertos en la corrupción pueden maquillar u ocultar fácilmente (los Papeles de Panamá han revelado con crudeza los mecanismos secretos que permiten el manejo de fondos de origen oscuro, los que serían absolutamente desconocidos para la generalidad a no ser por peculiares sustracciones cibernéticas y difusiones mediáticas de orígenes que son polémicos). En el fondo, esos dos partidos, que representan la conjunción de intereses gobernantes, están contra todo lo que pueda alterar el paraíso de impunidad que se vive en México, con inservibles organismos legislativos de auditación superior de cuentas públicas, secretaría carnavalesca de la corrupción pública (encabezada por el abogado Virgilio Caballero, inagotable musa para caricaturistas ácidos) y un muy significativo incumplimiento, casi una declaración oficial de principios corruptos, de la promesa peñista de campaña en el sentido de establecer un sistema firme y confiable de combate a la corrupción. Todo ello mientras día a día, negocio tras negocio, contrato tras contrato, comisión tras comisión, la riqueza nacional es mermada y cuentas particulares son engrosadas.

¡Oh, oh, oh! El mismísimo comisionado nacional de Seguridad, en persona, el campechano Renato Sales Heredia, se sumó al catálogo de disculpas y buenas intenciones que antes habían suscrito el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos. Sales Heredia dijo, al inaugurar un programa nacional de capacitación sobre derechos humanos para policías federales, que es necesaria una disculpa pública por esos hechos (es decir, lo videograbado en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, que de no ser por esa videocámara y las redes sociales habría sido un acontecimiento más de la rutina torturadora, sin consecuencia alguna). Es necesaria una disculpa por ellos, planteó con multívoca acepción el alto comisionado (¿una disculpa a nombre de ellos?, ¿una disculpa a ellos?, ¿dar una disculpa a los agraviados, que en la especie fue uno, mujer?, ¿no se podía haber solicitado u ofrecido (en los dos sentidos es gramaticalmente correcto) la disculpa refiriéndose específicamente, por su nombre, a la mujer torturada y en general a los mexicanos que han sufrido esos actos delictivos institucionalizados?).

Además del comisionado campechano, Sales, participó en la emisión de condolencias oficiales el subsecretario de gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien dijo con absoluta solemnidad que los miembros de cualquier corporación policiaca en México deben ser auténticos defensores de los derechos humanos y que el gobierno no permitirá actos de tortura cometidos por funcionarios o agentes. En la reunión estuvo presente el comisionado Galindo Ceballos, quien dedicó tiempo y recursos en 2014 en busca de ser candidato priísta a gobernador de San Luis Potosí, donde ahora se realizó la sesión oratoria relacionada con los actos de tortura antes mencionados. Galindo dijo que el asunto había devenido en la toma de medidas correctas como dar de baja a los torturadores, abrir una investigación (mmm) y ministerializar el caso, pues esto nos lastimó y no permitiremos que vuelva a ocurrir (una interpretación de botepronto parecería sugerir que, a fin de cuentas, la Policía Federal se estaría diciendo casi torturada, lastimada, por la difusión de lo sucedido en Ajuchitlán del Progreso con bolsas de plástico cubriendo la cabeza de una mujer.

Once días atrás, en esta columna se advirtió que el INE da aureola a Monreal. Según los augurios de esta astillada columna, el Instituto Nacional Electoral podría haber dado el apoyo definitivo a la candidatura de David Mon-real a gobernador de Zacatecas, al suspender su registro a nombre del partido Morena debido a un rigorismo legal que, se vaticinaba, sería desechado por el tribunal federal electoral en los mismos términos que el caso del duranguense Guillermo Fabela, lo cual ayer sucedió.

La falta de comprobación de gastos de precampaña es el argumento legalmente correcto, pero políticamente endeble, con el que el INE regala a Monreal, postulado por Mo(n)rena, una aureola de mártir, se escribió aquí el pasado 7. La cancelación del registro de David Monreal le dio amplia presencia en medios de comunicación zacatecanos y nacionales, mo-tivó marchas y protestas y terminó fortaleciendo al hermano del ex gobernador Ricardo Monreal (en Durango, la lucha contra ese remedo de desafuero electoral no creció porque ahí las expectativas de Morena por la gubernatura son muy reducidas, incluso adosadas a los intereses del gobernador priísta Jorge Herrera y su candidato a la sucesión). A fin de cuentas, la muy previsible corrección del TEPJF respecto al fofo castigo del INE acabó siendo un cantado regalo electoral. Zacatecas es a 2016 lo que Tabasco fue a 2012, ha planteado también este columnista hereje que considera que en la entidad norteña hay también un reparto de barajas acordado.

Y, mientras el precandidato Miguel Ángel Osorio Chong dice que no es tiempo de destapes, al tiempo que se destapa con declaraciones periodísticas de virtual campaña, ¡hasta mañana!

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