Hartazgo contra desarrolladores
Constructores y magistrados ¿coludidos?
Un problema que se agrava
na de las metas de los llamados desarrolladores de la Ciudad de México por fin se alcanzó, y debe llamar la atención, principalmente de las autoridades, porque la realidad se ha invertido, cuando menos en estos meses del año que llevamos.
Sí, los constructores de vivienda en la ciudad lograron que mucha gente saliera a las calles a denunciar las injusticias que los señores del concreto han cometido en su contra. El asunto es que nadie puede hacer nada en contra de las irregularidades que presentan los desarrolladores, y esas injusticias llevan a la gente a la calle.
No sólo no cumplen con lo que estipulan los contratos, sino que, por ejemplo, burlan de una u otra forma las leyes que regulan el uso de suelo, y en casi todos los casos edifican sin que la ley se los autorice, o mejor dicho, al amparo, en muchas ocasiones, de quienes imparten justicia.
Es importante, entonces, atender el número de suspensiones concedidas en materia de construcción el año pasado y el presente por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la capital. El año pasado, el magistrado Hugo Carrasco Iriarte, de la ponencia 13, concedió a los constructores 18 suspensiones, la cifra más alta. El mismo magistrado lleva ya este año cuatro, una menos que el magistrado Rubén Minutti Zanatta, quien ha otorgado cinco recursos en favor de los constructores.
De cualquier forma, el magistrado Carrasco Iriarte tiene en su haber 22 suspensiones de actos de la autoridad en contra de las empresas que edifican, por ejemplo, enormes condominios que ponen en peligro la distribución de agua en ciertas colonias, además de los problemas de movilidad tan conocidos, pero esos empresarios logran obtener el amparo de la ley no obstante los problemas que causan.
Esto, decíamos, ha impelido a la gente de todas partes de la ciudad a la protesta callejera y a romper, también, una de las constantes que durante años se había convertido en paradigma, y que rezaba que la mayoría de las manifestaciones callejeras se debía a injusticias cometidas por instancias de gobierno federales, o bien por gobernadores insensibles a los problemas de sus gobernados.
Aquí hago un alto porque debo una disculpa al lector. En la entrega anterior dijimos eso, que las marchas callejeras habían sido provocadas por gobiernos fuera de la Ciudad de México. El ejemplo era claro: en 2015 las manifestaciones de índole federal significaron 71 por ciento del total, y las que fueron generadas por problemas en la ciudad sólo llegaron a 29 por ciento. Ese año, el gran total de protestas en la ciudad, según la Secretaría de Seguridad Pública, fue de 7 mil 696 movilizaciones, con la participación de 4 millones 155 mil personas; 71 por ciento, como decíamos, reflejaron problemas en los que nada tenía que ver la capital del país.
En los primeros cuatro meses de este año, debido principalmente a la situación en contra de los empresarios de la vivienda, las cosas cambiaron radicalmente. La ciudad ha vivido 8 mil 986 protestas callejeras, con 4.2 millones de participantes, y aquí el dato: de esas, 5 mil 612 fueron provocadas por problemas locales y 3 mil 374 por federales.
Las cifras deberían llamar la atención de nuestros gobernantes porque el problema se agrava día con día, y las construcciones fraudulentas no cesan. ¡Aguas!
De pasadita
Habrá que recordar por todos lados que pese a que ayer se iniciaron las campañas políticas rumbo a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, los programas sociales de apoyo a la población más necesitada no se detendrán, pero tampoco deben servir para la promoción de ninguna bandera, de ningún candidato. Ojo con eso.
