En el pleno del Senado quedó de primera lectura la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo dictamen fue aprobado ayer por la mañana en comisiones. Se trata de un ordenamiento que modifica a fondo el sistema penitenciario y permite la liberación de “los presos sentenciados por el delito de robo, que no exceda los 80 salarios mínimos –hurto por hambre–”, y de 10 mil mujeres procesadas por portación de mariguana –hasta 50 gramos–, sin fin de comercio o suministro.

La nueva ley prohíbe la tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes como medidas disciplinarias, así como el aislamiento por más de 15 días en los centros penitenciarios.

Se subraya en el nuevo ordenamiento que las personas privadas de su libertad en una cárcel, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos humanos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el propósito de éstas.

De igual forma, se precisan los derechos de las mujeres en prisión, que además de recibir trato digno, de asistencia médica atendiendo a las necesidades de su sexo y edad, entre otros, y en los casos de maternidad, lactancia y permanencia de los menores hasta los tres años con ellas, contarán con instalaciones adecuadas.

También se precisa que los detenidos y sentenciados por delincuencia organizada y secuestro estarán recluidos en áreas especiales, y podrán ser cambiados de celda, de piso, de penal, de nivel, periódicamente.

En la sesión de comisiones unidas, donde se aprobó el dictamen, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, dijo que tenemos que caminar hacia la reinserción social, y que de las 254 mil personas privadas de su libertad, a más de 200 mil debemos crearles condiciones para su reinserción social, para que no reincidan y recuperen su vida con sus familias.

A su vez, la presienta de la Comisión de Gobernación, la priísta Cristina Díaz, destacó que hoy en día las condiciones de encierro en los centros penitenciarios dan lugar a violaciones sistemáticas de derechos humanos, como consecuencia de los vicios en el procedimiento de ejecución.

La nueva ley indica las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial condenatoria.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, la priísta Graciela Ortiz, apuntó que no habrá lugar a libertad condicional a quienes hayan cometido el delito cuando sean parte del crimen organizado, cuando el delito cometido sea secuestro y cuando el delito sea tan grave que lesione vivamente lo que es el tejido social.

En la sesión del próximo martes se discutirá en el pleno, en segunda lectura, el dictamen y se aprobará para turnarlo a la Colegisladora.

Por otra parte, ayer por la tarde se aprobó en comisiones el dictamen del sistema de justicia penal para adolescentes y se espera sea llevado al pleno en la sesión del martes próximo.