Querétaro, Qro.

El gobernador del estado se convertirá en el jefe de las fuerzas de seguridad y cuando las circunstancias lo requieran asumirá el mando directo e inmediato de todas las corporaciones en todo o parte del territorio estatal, resultado de una reforma a la Constitución queretana en materia judicial aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso local, reveló Carlos Peñafiel Soto, dirigente estatal de Morena.

Refirió que esa reforma contiene violaciones a la Constitución local, que ponen en riesgo la división de poderes y representan un retroceso en la vida democrática del estado.

La iniciativa de reformas a ocho puntos de la Constitución local, aprobada el 18 de abril, fue turnada por el gobernador Francisco Domínguez Servién y aprobada por los cinco integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales en presencia de representantes de 14 de los 18 municipios, como parte del Constituyente Permanente.

Vulnerará derechos

En el artículo 22 no se precisan las circunstancias y el procedimiento del Ejecutivo para asumir el mando directo e inmediato de todas las corporaciones de seguridad del estado, con lo que vulnerará los derechos humanos, pues deja abierta la posibilidad de que se realicen actos autoritarios.

Las enmiendas contemplan además, que los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo nombren a los integrantes del Consejo de la Judicatura, con lo que busca tener el control de toda la función judicial y vulnerar la independencia de los magistrados y jueces en sus funciones.

Con la reforma a los artículos 29 y 30 se limitará la supremacía orgánica que tiene el pleno del Tribunal Superior de Justicia, actualmente el máximo órgano de decisión, el cual será otorgado ahora al Consejo de la Judicatura, que a su vez, será integrado por tres magistrados del Poder Judicial, y consejeros designados por el Ejecutivo y el Legislativo.

En la reforma al artículo 24 se permitirá que la autoridad competente concesione a particulares el servicio de defensoría pública vía outsourcing porque ese servicio representa una carga para el gobierno estatal; sin embargo, con ello se vulnerará el derecho ciudadano de contar con un defensor de oficio, además de que el estado ya no tendrá responsabilidad con las víctimas y ofendidos.

Con la reforma al artículo 17 constitucional se elimina la obligación de la legislatura a mantener la paridad de género en la integración de los órganos colegiados; y en el 27 no hay disposiciones en la misma materia para integrar el TSJ.

Por lo anterior, Morena convocó a ciudadanos, académicos, abogados, magistrados y jueces a pronunciarse sobre esa reforma que en breve sería aprobada por el pleno legislativo, de mayoría panista.