Las reformas al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales, que permiten cateos a domicilios particulares, oficinas gubernamentales, las dos cámaras del Congreso y a los organismos constitucionales autónomos representa una regresión en materia de derechos humanos al fortalecer la figura castrense y es un avance hacia el fascismo, advirtieron defensores de las garantías individuales.

En tanto, abogados litigantes consideraron que estas modificaciones ponen en riego las garantías individuales. De aprobarse, señalaron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría declararlas contrarias a los pactos y tratados internacionales firmados por México.

En entrevista por separado, Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, indicó: Estamos expuestos a una magnificación del modelo de guerra que se nos impuso en 2006, y que ha cobrado la vida de cerca de 200 mil personas en nuestro país.

Manifestó que las reformas, junto con la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional –que regula el procedimiento para decretar la restricción o suspensión de garantías, para que el Ejecutivo enfrente situaciones de amenaza o emergencia en territorio nacional– son una regresión perversa de los derechos humanos y hacen que la impunidad siga prevaleciendo.

A su vez, Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, dijo que con los cambios aprobados por la Cámara de Diputados “va avanzando el fascismo en México.

Ese aspecto de dureza, de fortalecimiento, protección e impunidad para las instituciones castrenses: Ejército y Marina, es la militarización del país y busca evitar que la población se pueda manifestar libremente, aseguró.

Al respecto, el abogado Aurelio González Robles señaló que “con estas medidas se busca un mayor control gubernamental, y en este caso se otorgan facultades que podrían poner en riesgo los derechos ciudadanos, por ello será importante que cuando esta legislación llegue al Senado se le pongan candados a cada parte que pueda afectar a los ciudadanos.

Los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución se ponen en riesgo, coincidieron los litigantes Juan Rivero Legarreta y Sergio Soto, dos conocedores del derecho que han defendido a personas que han sufrido violaciones a sus garantías individuales.