Más de 190 organizaciones de América Latina –entre ellas varias mexicanas–, Europa y Estados Unidos, que conforman el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, pidieron al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, promueva reformas legislativas y administrativas para regular más eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo.

En una carta pública, las agrupaciones, entre ellas la Red Mexicana de Afectados por la Minería y las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos Agustín Pro Juárez y Tlachilollan, solicitaron que las empresas mineras canadienses realicen sus actividades de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos y que respeten el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado antes de realizar las explotaciones.

En México, más de 70 por ciento de los proyectos mineros pertenecen a empresas canadienses, la mayoría situados en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, según datos de la Secretaría de Economía.

Las agrupaciones pidieron al primer ministro canadiense no inmiscuirse ni brindar ningún tipo de apoyo gubernamental que busque influenciar la adopción o modificación de marcos regulatorios en los países receptores de proyectos extractivos. Sugirieron que se exija a las empresas que incorporen estándares internacionales de derechos humanos y transparencia en la regulación de las agencias de crédito e inversión pública y privada que financian actividades extractivas e impongan salvaguardias a las empresas que reciban subsidio estatal.

También demandaron garanti-zar un efectivo acceso a la justicia ante los órganos canadienses para que las víctimas de violaciones a derechos humanos provocadas por empresas canadienses en el exterior puedan obtener justicia y reparación integral. Además del establecimiento de mecanismos imparciales de monitoreo e investigación de denuncias de violaciones a derechos humanos provocadas por las mineras canadienses.

Las agrupaciones confiaron en que el primer ministro canadiense esté abierto al diálogo, pues durante su nombramiento habló de su compromiso de respetar las garantías individuales y de priorizar la relación entre el gobierno de su país y los pueblos indígenas.

Tenemos la esperanza de que su compromiso con los dere-chos humanos culminará en medidas que harán responsables a las corporaciones y agencias estatales y prevendrá más abusos por parte de las compañías mineras canadienses que operan en el extranjero, acotaron.