La portabilidad de servicios de salud en el país avanza lentamente. En el Seguro Popular, donde los acuerdos para brindar cuidados se da entre los estados, los servicios más frecuentes que se han dado en seis años, son del área de ginecoobstetricia, atención del recién nacido y cirugías de vesícula.

Éstos, junto con los métodos definitivos de planificación familiar en la mujer, representan la mitad de las atenciones proporcionadas. Entre octubre de 2009 y diciembre de 2015, se registraron 326 mil 756 servicios que implicaron el pago de 2 mil 650 millones de pesos entre estados.

La portabilidad se refiere a atenciones interestatales porque los afiliados de alguna entidad acuden a servicios médicos de estados vecinos, generalmente porque las clínicas y hospitales están más cerca de sus lugares de origen. Lo que ha costado más trabajo es la concreción de un sistema eficaz para los pagos entre entidades.

De alrededor de 40 mil casos registrados en 2009 la cifra llegó a 62 mil 422 el año pasado, reveló el Informe de resultados 2015 del sistema de protección social en salud (SPSS).

La portabilidad de los servicios es el pilar de la estrategia anunciada el pasado 7 de abril por el presidente Enrique Peña Nieto para alcanzar la universalización de los servicios de salud en el país.

El programa prevé fortalecer este mecanismo entre estados e instituciones de salud. Implica la firma de convenios con las tarifas de los servicios, lo que se ha trabajado en tres años entre el Seguro Popular y organismos de seguridad social.

De acuerdo con información proporcionada por Peña Nieto, hasta ahora se han determinado los costos para 14 intervenciones.

Con éstas comenzó el proceso de universalización: cuidados intensivos de adultos (día estancia), cuidados intensivos pediátricos (día estancia), electroencefalograma, electromiografía, mastografía, potenciales evocados (visuales), pruebas de esfuerzo, rayos X, resonancia magnética, unidad de cuidados intensivos neonatales (prematuros), ultrasonido, atención del parto y puerperio fisiológico, cesárea e histerectomía.

El Informe de resultados del seguro popular también señala que en el primer año de vigencia de las nuevas reglas para el uso del dinero y prevenir el desvío de recursos de este esquema, de casi 59 mil millones de pesos que se transfirieron a los estados en 2015, 30 por ciento fue enviado por medio de cuentas de la Tesorería de la Federación (Tesofe) para la compra de medicinas y 5 por ciento se fue en especie (vacunas y anticonceptivos).

En cuanto al dinero para medicinas, las secretarías de Finanzas de los estados lo reciben en las cuentas de Tesofe y de ahí lo deben transferir a servicios del rubro. Esto se notifica y comprueba con facturas y en plazos a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Todavía falta saber si la medida es efectiva y si las entidades cumplen a cabalidad con los reportes sobre la recepción y uso del presupuesto. Esos datos no se incluyeron en el informe 2015.

Hasta el 31 de diciembre pasado, el Seguro Popular tenía un registro de 57.1 millones de afiliados y aún enfrenta como reto fundamental asegurar la accesibilidad a servicios oportunos y de calidad en todo el país, así como garantizar la transparencia en el ejercicio de los fondos, admite el documento. Con la finalidad de avanzar en ese aspecto, la CNPSS creó un mecanismo de supervisión.

Hasta diciembre pasado se tenía información de 24 entidades sobre temas como prevención y promoción de la salud, abasto de medicamentos, surtimiento de recetas, diferimiento quirúrgico y gasto de bolsillo, entre otros.