La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen de reformas a los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Penal Federal y la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro, entre otras, paquete conocido como miscelánea penal y que debe entrar en vigor el 18 de junio.

El dictamen, que se prevé sea votado en la sesión de mañana para devolverlo al Senado por los distintos cambios a la minuta de esa cámara, autoriza las intervenciones telefónicas, la geolocalización de teléfonos móviles y la obligación de resguardar la información de las telecomunicaciones cuando se trate de casos de secuestro.

Entre los cambios que hizo la comisión al Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentra el derecho del imputado a obtener registro fotográfico o electrónico de la carpeta de investigación; la asistencia consular como derecho opcional de un extranjero sujeto a un proceso; asimismo, se agrega como causa de prisión preventiva oficiosa los delitos cometidos con medios violentos, como armas de fuego y explosivos.

En el Código Penal Federal se eliminó la figura del indulto por delitos de desaparición forzada, tortura y trata de personas; en materia de decomisos a terceros se agregó el financiamiento al terrorismo y lavado de dinero; además, se definió que la muerte del imputado no extingue providencias precautorias ni decomisos de sus bienes relacionados con el delito.

En la Ley General de Seguridad Pública la comisión aprobó devolver la posibilidad de que los estados definan la adscripción de sus policías de investigación a la estructura orgánica de procuración de justicia o policiacas; se incluyó la integración de un registro nacional de medidas cautelares.

De la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro se trasladaron las medidas relativas a la intervención de comunicaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, y se reforzó la obligación de los concesionarios de responder a las solicitudes de información sobre un teléfono móvil.