La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacdh) de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la partida de México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) e hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para asegurar el seguimiento efectivo del informe y para afrontar los retos estructurales más amplios que éste ha expuesto.

Dijo que los muchos retos y obstáculos que enfrentaron los expertos independientes pudieron haber impedido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso.

También alentamos al gobierno mexicano a comprometerse con el mecanismo de seguimiento, cuya instalación ha anunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso Ayotzinapa muestra el papel crucial que la cooperación internacional puede jugar para ayudar a los estados a combatir la impunidad en situaciones de graves violaciones a los derechos humanos, dijo Rupert Colville, vocero de Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En tanto, el gobierno de Estados Unidos, por conducto del el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Francisco Palmieri, reiteró el exhorto al gobierno mexicano para que considere las recomendaciones finales del GIEI

Durante una audiencia de la comisión de relaciones exteriores del Senado en Washington, señaló: confiamos en que las autoridades mexicanas consideren las recomendaciones del informe, evalúen las medidas sugeridas para resolver las desapariciones forzadas, apoyen a las familias de las víctimas y continúen sus esfuerzos para traer ante la justicia a los responsables.

Por separado, un grupo de expertos en derechos humanos del más alto nivel, también de la ONU, exhortó al gobierno mexicano a una pronta puesta en marcha de las recomendaciones del GIEI, y reprocharon que en la segunda etapa de su mandato, el grupo no haya contado con la plena colaboración gubernamental.

Estas declaraciones distribuidas en México por la oficina de Naciones Unidas son atribuidas a Michael Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Mónica Pinto, relatora especial para la independencia de los magistrados y abogados; Christof Heyns, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias; Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas.

Señalaron que ninguno de estos obstáculos impuestos al GIEI resta valor a la solidez de su trabajo, a la seriedad de sus hallazgos y a la calidad de sus recomendaciones.

Además, señalaron que el informe del GIEI evidencia, entre otros aspectos, las serias deficiencias en el sistema de justicia, las preocupantes debilidades del Estado para investigar con la debida diligencia manifiestas violaciones a los derechos humanos, y el sofisticado nivel de coordinación de algunas autoridades en la comisión de crímenes.

En otro punto, subrayaron que el informe tiene compatibilidad con el peritaje del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizado en el basurero de Cocula, Guerrero, que indica por lo menos 27 irregularidades y contradicciones respecto de las investigaciones oficiales.

Los expertos de Naciones Unidas declararon su pleno apoyo a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de crear un mecanismo especial de seguimiento e insistieron al Estado mexicano que debe participar y colaborar activamente en el mismo.

De igual forma resaltaron la importante labor que le corresponde desempeñar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la nueva etapa que se abre en México sin el GIEI.