Guadalajara, Jal.

El Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco aseguró que jueces y consejeros de la Judicatura estatal están coludidos para retrasar la impartición de justicia. Por ejemplo, sostuvo que casi 180 expedientes permanecen en el juzgado mixto de primera instancia de Cihuatlán desde hace dos años y medio, sin que se emitan órdenes de aprehensión.

Dicho juzgado, a cargo de Rafael Acosta Navarro, fue objeto de una inspección ordinaria de la Judicatura el pasado 30 de marzo. Se encontró que tiene 173 averiguaciones judiciales pendientes de resolución para emitir órdenes de arresto o comparecencia.

Entre las averiguaciones congeladas, algunas desde octubre de 2013, los visitadores de la Judicatura hallaron expedientes referentes a robo, robo calificado, violencia intrafamiliar, lesiones, abandono de familiares, abigeato, corrupción de menores, homicidio culposo, homicidio por culpa grave, homicidio calificado y violación.

Es un informe de sus propios visitadores; la Comisión de Justicia de la Judicatura está enterada de esto. El presidente de esa comisión, Jorge García González, fue juez de Cihuatlán antes de ser nombrado consejero. ¿Por qué no ha hecho algo?, cuestionó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, José Luis Guízar Abarca.

También se refirió a la liberación de Cristian Castro Rentería, ordenada el pasado 30 de marzo, luego de que permaneció preso en el núcleo penitenciario de Puente Grande durante 13 años, hasta que su expediente (431/2002) fue revisado y se le dictó sentencia de 11 años por robo de automóvil.

Los penalistas recordaron que esta semana el Consejo de la Judicatura decidió aplazar un día su reunión plenaria, lo que permitió que la juez de Ahualulco, Mónica Íñiguez, pudiera obtener un amparo federal para que no se procediera penalmente en su contra.

La juez fue denunciada por la Fiscalía General del Estado por liberar de manera anticipada a Ricardo Silva Arévalo, sentenciado a 40 años por robo y homicidio. La funcionaria no estará sujeta a proceso penal mientras la Judicatura investiga.

Otras anomalías son la transferencia de jueces mixtos a ejecución de penas, lo que propicia falta de especialización, además de tráfico de juzgados que hacen numerosos abogados en colusión con funcionarios judiciales para que sus casos sean llevados a tribunales donde pueden negociar.