El gobierno federal envió ayer al Congreso un paquete de reformas para hacer eficaz la justicia administrativa, civil y laboral, definida por el presidente Enrique Peña Nieto como el ámbito de la justicia cotidiana, porque al concentrar 90 por ciento de los litigios en el país, es la más cercana a la gente.

Una transformación estructural de la justicia, expuso, con el objetivo de llegar a arreglos sin pleito; reducir los márgenes de discrecionalidad de las autoridades y, con ello, cerrar los espacios a la corrupción.

El paquete incluye ocho iniciativas de reformas constitucionales, tres de reforma legal y una propuesta de una nueva ley general; seis de éstas fueron recibidas por la Cámara de Diputados.

Los mexicanos, dijo, demandan soluciones sencillas y prácticas, acordes a su ritmo de vida actual. “Quieren un sistema de justicia eficiente que resuelva y brinde resultados. Quieren un sistema justo y parejo.

La justicia cotidiana es la que reclaman los trabajadores, los vecinos, las madres y padres de familia; la que se vive en las escuelas y la que más frustración nos produce cuando se queda sin resolver, indicó Peña Nieto.

En suma, apuntó, la que hace la diferencia en la vida diaria de los mexicanos y la que más le importa y afecta a la gente.

Entre los objetivos de las iniciativas está disponer de un sistema que articule mejor a los poderes judiciales y los demás órganos del Estado mexicano que imparten justicia; fortalecer su independencia, así como sus órganos de administración, vigilancia y sanción, y que los jueces y magistrados se nombren a partir de conocimientos y experiencia.

Esto es que las autoridades privilegien la solución de fondo de los conflictos, evitando que los formalismos y tecnicismos legales retrasen o nieguen la justicia.

Tener además en México, un solo código civil y de lo familiar, pues no es aceptable, por ejemplo, que una madre tarde años en obtener la custodia o pensión para su hijo, ejemplificó.

También, aplicar la justicia oral en el ámbito mercantil; solucionar problemas vecinales; incidentes de tránsito o, en resumen, las disputas que surgen en la convivencia diaria; la conciliación amigable en el orden laboral; organizar caravanas de justicia para resolver conflictos de quienes se encuentran en lugares apartados o recónditos de la geografía nacional; hacer más rápidos y sencillos los trámites gubernamentales; homologar el funcionamiento de los registros civiles y nuevas normas en materia en materia de registro público y catastro, para dar certeza a la propiedad de vivienda y tierras.

Todas las propuestas, destacó, fueron resultado del trabajo de varias semanas en mesas coordinadas por la consultoría jurídica de la Presidencia, y en las que participaron enviados de los poderes Judicial y Legislativo, académicos y representantes de la sociedad civil.

El paquete de iniciativas deriva de una ronda de diálogos en los que participaron más de 200 expertos. El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, dijo que este ejercicio puede marcar el inicio de una política de Estado de largo aliento que debe hacer de México un país en el que cualquier ciudadano, sin importar su condición, tenga acceso parejo a una justicia pronta y expedita.

Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, dijo que es necesario continuar los trabajos a escala estatal, a fin de marchar en el mismo sentido y con el mismo ritmo, porque no podemos tener funciones de justicia de primera clase en algunos estados y de segunda clase en otros.