Seis años de impunidad
seis años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakola, cuando la caravana que llevaba víveres y medicinas a la comunidad triqui de San Juan Copala fue atacada por paramilitares en el Paraje La Sabana, el caso sigue impune y los asesinos libres.
La caravana iba a la comunidad cinco meses después de que fue cercada por paramilitares que mantuvieron secuestrada a la población que construía un municipio autónomo.
Apostamos a construir otras formas de justicia
, señalan deudos de la activista, en la convocatoria para celebrar la vida de nuestros asesinados, para reivindicar sus ideales y gritar juntos que no quedarán en el olvido, que su vida nos sigue acompañando y que no nos rendiremos
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Karla Michell Salas, del Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, coadyuvante en la indagatoria, dijo a la reportera Eliana Gilet que es inconcebible que el caso no esté resuelto, pues sabemos qué pasó y quiénes son culpables
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La abogada advierte que cuentan con información de cómo se preparó el ataque y hay órdenes de detención emitidas por un juez contra 14 personas desde 2012. Sabemos dónde están y aún así, se niegan a detenerlos
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El ataque estuvo a cargo del grupo la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), organización vinculada con el PRI. Sus integrantes están ubicados y seis años después caminan con total impunidad, aún controlan la zona, de la que siguen desplazadas 40 familias que no pertenecen al grupo.
Aún permanecen abiertas dos pesquisas por el caso: una por los asesinatos de Bety y Jyri, en manos de la justicia local de Oaxaca, lugar de los hechos. La segunda fue abierta por la Procuraduría General de la República para indagar los delitos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, delincuencia organizada y terrorismo.
Michell es tajante: en estos años la PGR no ha querido o es incapaz de acreditar alguno de estos delitos al grupo presunto responsable
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De las 14 órdenes de aprensión emitidas por el juez de Oaxaca hay cuatro detenidos, uno de los responsables murió y otros nueve siguen libres. Incluso Antonio Cruz, sobre quien pesa una orden de aprensión pendientes, es agente municipal de San Juan Copala.
La familia de Jyri también ha actuado. La fiscalía de Finlandia, país de origen del activista, presiona a las autoridades mexicanas y abre la posibilidad de extraditar a los responsables.
Hoy, en la mixteca poblana, donde sembraron a Bety, recuerdan: mientras ellos apuestan por la muerte, nosotros lo hacemos por la vida
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