n el alterado contexto de la educación en México no debe extrañar la aparentemente inexplicable protesta de los jóvenes estudiantes de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos de nivel medio superior (las vocas) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Como tampoco que el tema de la reforma de la educación continúe trasladándose al campo de las elecciones presidenciales de 2018, y que, encima, comiencen a darse señales de que también las propuestas de modificación a las políticas en la educación superior generarán una importante controversia.

El efecto halo, identificado casualmente hace ya cerca de un siglo por investigadores –por cierto– poco interesados en asuntos políticos, mostró que los fenómenos sociales no se explican sólo por factores que actúan linealmente (causa-efecto), sino también y sobre todo por la manera en que los conjuntos humanos construyen visiones de la realidad que pueden superar e incluso cambiar radicalmente el poder de variables lógicamente inmediatas y directas. Es decir, la Secretaría de Educación Pública (SEP) podrá repetir las veces que quiera que los cambios en el organigrama no implican modificaciones y deterioro para el IPN, pero eso, viniendo de donde viene, incluso puede confirmar que hay una maniobra oscura precisamente en esa dirección. Después de tres años de impulsar la aprobación a cualquier costo de un nuevo marco legal en abierto deterioro de los maestros, la SEP ha perdido legitimidad como una dependencia confiable y justa. Especialmente entre recién egresados de la secundaria, quienes sienten que su única certidumbre de futuro (un título politécnico), por razones y maniobras burocráticas, puede estar ahora en peligro. Y esto porque se sienten profundamente vulnerables. Algo que les confirman cada día los asaltos que sufren en el transporte o en la calle, la persecución policiaca, la falta de empleo, la enorme dificultad para ingresar y permanecer en la escuela y el clima general de violencia, incertidumbre y represión en el país. Eso explica también la reacción ante los 43, porque en un país de más de 20 mil desaparecidos, nada garantiza que serán exentos. En un contexto donde ellos y la sociedad miran cómo han muerto algunos maestros, otros ya son presos políticos, miles reprimidos con gas lacrimógeno y golpes, otros más despedidos o amenazados con quedarse sin trabajo, sin que todo esto inmute a la Secretaría de Educación, no es extraño que desconfíen profundamente de su capacidad de perjudicarlos también a ellos.

Por otro lado, el mismo efecto halo parece estar ocurriendo en el terreno electoral. Los 43, Atenco, la respuesta a las protestas de los maestros y hasta las denuncias en foros internacionales de personalidades como Fernando del Paso están dándole un sesgo de profundo cuestionamiento al actual gobierno y a cualquier cosa que parezca un intento de continuación de la misma política. El costo político se eleva cada día más y todo indica que seguirá aumentando en los siguientes meses. Por lo pronto, sigue avanzando el preocupante (para el régimen) escenario de una posible alianza magisterio-López Obrador. En Durango y Zacatecas ya se confirman acercamientos ( La Jornada, 22/4/16, pág.16) semejantes al establecido en Oaxaca y, además de resultarle una molestia, el gobierno no parece tener claro cómo responder a este desbordamiento que ha generado el aplicar una presión tan intensa en el ámbito educativo. Por algún lado tenía que salir.

En este cada vez más complicado escenario de la educación, la intención de la Comisión de Educación del Senado de revisar la vigente Ley de Coordinación de la Educación Superior cuando es evidente la inquietud universitaria por el financiamiento –apenas en noviembre 2015, la Anuies Centro-Sur (rectores de Morelos, Chapingo, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero, Estado de México y Puebla) decía: manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la reducción de fondos federales de apoyo a la educación superior pues se estaba incumpliendo este compromiso (de no hacer recortes) ( La Jornada, 2/11/15, pág. 14). Si además se tiene en cuenta el proceso en IPN, y otros casos más de intranquilidad, es claro que, ante una SEP cuyo espacio de negociación y legitimidad se ve cada vez más reducido, el factor nueva ley de educación superior puede abrir las puertas a un nuevo territorio de protesta.

Todo esto en un cronograma cada vez más apretado. Porque, en realidad, sólo queda un año para tranquilizar al sector educativo antes de que arranquen las campañas presidenciales. Si sigue habiendo evaluaciones, protestas y represión en 2017-18, esto obligará a las y los candidatos a pronunciarse sobre qué piensan hacer en ese terreno, y hoy es perfectamente claro que ya no hay consenso en la idea de perseguir a los maestros. Llevar a cabo campañas y elecciones presidenciales en este álgido escenario de la educación no parece ser una perspectiva deseable para el poder. Y el gobierno actual, encerrado en el callejón sin salida de la línea dura, si continúa en esa dirección sólo contribuirá a introducir el riesgo de repercusiones insospechadas para las elecciones de 2018. El efecto halo era apenas perceptible hace tres años, pero, como lo ha venido haciendo, tenderá a ampliarse cada vez más y a conectarse con otros núcleos de intranquilidad y conflicto.

*Rector de la UACM