l tema de la corrupción empezó a campear en las campañas políticas en Baja California, cuando están por concluir las administraciones municipales.

Uno de los mayores escándalos es el contrato de alumbrado público que incumplió la empresa Sola Basic durante la gestión del priísta Carlos Bustamante Anchondo, que prácticamente dejó sin luz a la ciudad de Tijuana.

El convenio se firmó en 2011 y se pagó por anticipado, pero las luminarias nunca fueron entregadas. En el siguiente gobierno, el de Jorge Astizarán, no se cubrió el único pago pendiente para finiquitar el contrato que permitiría reclamar la fianza por incumplimiento. Se dejó pasar, en perjuicio de los tijuanenses.

Ahora surge un nuevo caso: las concesiones y permisos del transporte masivo. El sistema integral de transporte de Tijuana fue creado para dar paso a la ruta troncal que vertebrara la movilidad colectiva de esta ciudad. Así se planteó en el discurso, pero los hechos son muy distintos.

Todo se hizo en lo oscurito para beneficiar a un puñado de empresas, y el último en ser considerado fue el usuario. Constituidas hace tiempo, estas empresas tienen vínculos con priístas.

Los transportistas afectados repudiaron al alcalde Astiazarán y al candidato priísta a la alcaldía, René Mendivil, por considerar que los engañaron. Ahora anunciaron su apoyo al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Manuel Gastélum, quien se hace llamar El Patas.

En Baja California habrá elecciones intermedias el 5 de junio. Serán electos cinco alcaldes y 25 diputados locales. Desde 1989, el estado es gobernado por el PAN y en los municipios panistas y priístas se han alternado el poder.

Hasta el 30 de octubre los del tricolor gobernarán los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada y Tecate, y los blanquiazules en Mexicali y Playas de Rosarito. La entidad ocupa el primer lugar nacional en abstencionismo en el país: sólo tres de cada 10 ciudadanos acuden a las urnas.