El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Manuel Bartlett, pidió al representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) analizar con legisladores qué medidas se deben tomar en defensa de las garantías fundamentales de los mexicanos ante las recientes reformas en materia de justicia militar, que ya están en manos del Presidente de la República para ser promulgadas.

Lo aprobado, sostuvo, violenta los derechos contenidos en la Constitución, da a las fuerzas armadas facultades por encima del estado de derecho y lleva al país a una dictadura policiaca-militar, por lo que es imprescindible discutir esa modificación con organismos internacionales defensores de los derechos humanos.

Bartlett recordó que el representante adjunto de la oficina en México del alto comisionado, Jesús Peña Palacios, hizo llegar un escrito al Senado, en el cual expresó su preocupación por el contenido de los cambios a los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales, y pidió analizarlos a profundidad, lo cual no se hizo ni se tomaron en cuenta sus recomendaciones.

La ONU-DH nos solicitó de manera expresa determinar criterios claros y consistentes que garanticen la seguridad jurídica de las partes y el respeto a los derechos humanos, excluyendo la posibilidad de que las autoridades castrenses puedan realizar directamente acciones de investigación o procesamiento cuando afecten o puedan afectar a civiles, pero no se hizo. Por el contrario, se establecieron cateos, intercepciones de comunicaciones, allanamientos.

Detalló que en el Código Militar de Procedimientos Penales se determinó que en la investigación de delitos contra la disciplina castrense el Ministerio Público Militar puede solicitar cualquier información a personas y servidores públicos.

En el artículo 247 del mismo se prevén actuaciones que no requieren autorización de jueces militares; entre otras, revisión corporal, inspección de vehículos, entrevistas a testigos, aportar comunicaciones entre particulares e inspección de personas y vehículos. Se faculta la localización geográfica en tiempo real de personas, incluso sin autorización judicial.