Miembros de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de desaparecidos denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la omisión, indiferencia y falta de disposición del gobierno de Morelos para atender este problema.

Al reunirse con el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señalaron que la Fiscalía General de Morelos ha inhumado cuerpos en fosas comunes, sin permiso y de manera clandestina, sin documentar esas acciones ni realizar las investigaciones a que está obligada.

Sostuvieron que la fiscalía amenazó con exhumar y manipular los restos de diferentes entierros clandestinos en la entidad, por lo que hay temor de no encontrar a los desaparecidos.

Así, ante el frecuente descubrimiento de fosas clandestinas, la desaparición de personas en distintos lugares del país y la urgencia de aclarar cada caso, el titular de la CNDH expresó a familiares de las víctimas y organizaciones la necesidad de confiar en las instituciones y transitar por la vía del derecho en las investigaciones. Al mismo tiempo llamó a las instituciones responsables de las indagatorias a realizar su trabajo de manera expedita, ética y profesional, y se comprometió a gestionar vías de encuentro con la procuradora general de la República, Arely Gómez, y con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.

En noviembre pasado, familiares de víctimas y organizaciones sociales descubrieron que la administración morelense enterró al menos 120 cuerpos de personas no identificadas en un predio privado que no tiene permisos del ayuntamiento ni de autoridades sanitarias para operar como fosa común o cementerio.

En ese momento la CNDH atrajo el caso del joven Oliver Wenceslao Navarrete Hernández y de decenas de restos encontrados en entierros clandestinos en el predio El Maguey, del ejido de Tetelcingo, Cuautla, y solicitó medidas cautelares a las autoridades de Morelos.

Los familiares de las víctimas y peritos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han propuesto el 18 de mayo para iniciar la inhumación de los cuerpos de las fosas clandestinas de Tetelcingo, aunque el gobierno estatal se niega a otorgar los permisos.