A 10 años de haber sido víctimas de tortura sexual por agentes federales y del estado de México en San Salvador Atenco y Texcoco, 11 mujeres todavía buscan justicia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la negligencia, retraso, omisión y franca negación de las instituciones de procuración de justicia mexicanas. El proceso está en su última etapa para que la comisión resuelva.

Hasta ahora, ningún elemento policiaco estatal procesado –apenas desde 2011– ha sido sentenciado por estos hechos; a los efectivos federales ni siquiera se les tocó y la cadena de mando no existe en la investigación.

El operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006, en el que participaron más de 2 mil 500 elementos, dejó dos personas muertas –una de ellas menor de edad–, decenas de heridos y 217 detenidos, entre dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y personas que quedaron atrapadas en la acción policial. El gobernador mexiquense era Enrique Peña Nieto y el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo.

Entre los detenidos hubo 47 mujeres que sufrieron tortura sexual en los vehículos donde eran trasladadas. El delito fue cometido por los policías que las custodiaban. Bárbara Méndez, Norma Jiménez y Yolanda Diosdada, tres de las víctimas que hoy forman parte del grupo de 11 mujeres que decidieron demandar al Estado mexicano ante la CIDH, afirman que esos hechos las marcaron para siempre, pero que también les dieron la ‘‘fuerza necesaria para luchar y exigir justicia hasta el final’’.

Hoy esas víctimas se han convertido en defensoras de su propia vida y de su dignidad. ‘‘Ha sido muy difícil, muy doloroso; además, es como una parte muy íntima, muy privada, que está expuesta todo el tiempo en el sentido de las denuncias y las declaraciones que hemos tenido que hacer. Pero nos hemos dado cuenta de lo fuerte que podemos ser las mujeres juntas, porque nunca hemos estado solas’’, dice Norma Jiménez.

A diferencia de otras compañeras que sólo estuvieron en prisión algunas semanas, ella y una más permanecieron en el penal más de un año, acusadas de delitos agravados. Ambas fueron brutalmente golpeadas; su salida de prisión en esas condiciones habría confirmado las agresiones policiacas. Por eso las autoridades hicieron todo lo posible para que permanecieran en prisión más tiempo, dice Bárbara Méndez.

Asesoradas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, las 11 mujeres decidieron recurrir a la CIDH, que admitió la queja en febrero de 2010 ante la negativa de la justicia mexicana. Mediante esta presión, en 2011 se abrieron dos procesos penales por tortura y encubrimiento contra policías estatales, médicos y un agente del Ministerio Público.

Araceli Olivos, abogada del Prodh, explicó que de los 28 agentes estatales acusados 14 están en proceso y otros 14 tienen orden de aprehensión.

Aclara finalmente que no están acusados de tortura, sino por haber sido omisos en evitar que esta práctica se cometiera contra las mujeres. Los médicos son procesados por no haber denunciado estos actos de tortura y no haberlos certificado clínicamente.