El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República un paquete de iniciativas para reformar los artículos 17, 73 y 116 de la Constitución en materia del Sistema Nacional de Impartición de Justicia y Organización de los Poderes Judiciales, y propone que la designación de jueces en los estados se lleve a cabo mediante concursos de oposición abiertos.

En el caso de los magistrados plantea que la designación se realice también por concurso de oposición ante el Consejo de la Judicatura de cada entidad federativa.

Abogados postulantes y académicos advirtieron que la iniciativa para reducir la parcialidad, corrupción e ineficiencia de jueces y magistrados locales dejó abierta la posibilidad de que los gobernadores palomeen a algunos juzgadores locales. Por eso es necesario mejorar el planteamiento en el Congreso de la Unión.

En entrevista con La Jornada, Alberto Castillo y Héctor Fernández Fierro, expertos en derecho constitucional, dijeron que si en verdad se va apostar por tener jueces independientes es necesario eliminar cualquier posibilidad de que los gobernadores y/o los presidentes de los tribunales superiores de justicia de cada entidad puedan influir en la designación de los juzgadores.

Los doctores en derecho destacaron que los jueces federales son más confiables, porque la manera en que pueden acceder a ese cargo o al de magistrado es sumamente difícil, pues implica que los aspirantes acrediten la aprobación de tres exámenes muy rigurosos.

El Poder Judicial Federal gasta más de cien mil pesos mensuales para pagar el salario de cada uno de los jueces y magistrados contratados para resolver las controversias por litigios de asuntos federales, lo que reduce los márgenes de corrupción.

Un juez que gana bien y que garantiza conocimientos en las materias de derecho básicas y en la evolución de nuestra jurisprudencia, es más independiente, lo que pocas veces ocurre entre los jueces locales, dijo Fernández Fierro.

En el artículo 73 de la iniciativa de ley que el Ejecutivo envió al Senado, se faculta al Congreso de la Unión a expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del sistema nacional de impartición de justicia.

El Ejecutivo insiste en que se busca fortalecer el ejercicio de la función jurisdiccional para asegurar la independencia de los poderes locales y descargarlos de las vulnerabilidades políticas, financieras y de actos de corrupción, así como garantizar que se ocupen del ejercicio de su función sujetos únicamente a la exigencia de la legalidad y sin interferencias.

En los concursos participarán quienes hayan servido preferentemente con eficacia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de la actividad jurídica.