En el último día de actividades del periodo ordinario de sesiones del Senado, el presidente Enrique Peña Nieto envió seis iniciativas de ley, entre ellas reformas a la Constitución en materia laboral y a la Ley Federal del Trabajo a los artículos 390, 895 y 931. Además, se adicionan los artículos 390 Bis, 390 Ter, 931 Bis y 931 Ter.

Con ello se busca, argumenta el titular del Poder Ejecutivo, fortalecer los mecanismos que regulan tres procesos fundamentales para el mundo laboral: depósito y registro de contratos colectivos, reglas de emplazamiento a huelga por firma de contrato, y normas para el desahogo del recuento de los trabajadores, lo cual constituye la prueba principal para dirimir diversas controversias.

Peña Nieto sostiene en su reforma que, dada la importancia de la negociación colectiva como manifestación de la libertad sindical, se estima pertinente replantear el esquema que regula el depósito y registro de los contratos colectivos, a efecto de erradicar cualquier práctica irregular o contraria al legítimo interés de trabajadores, sindicatos y patrones para establecer las condiciones laborales que habrán de regir en el centro de trabajo.

Destaca: No debemos olvidar que la prerrogativa de constituir y organizar sindicatos, así como el libre ejercicio de la actividad sindical por parte de los trabajadores, constituyen derechos consagrados en la Constitución y en diversos convenios internacionales suscritos por el país.

En materia de disputas para determinar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, el Presidente de la República propuso nuevas reglas y señalar con claridad “cuáles serán las acciones y los plazos concretos que tendrán las partes y la autoridad registral para el desahogo de esa prueba.

Por otro lado, en la reforma constitucional que el Presidente envió el jueves pasado al Senado, a los artículos 107 y 123 de la Carta Magna, propone la desaparición de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje, y crear nuevos centros de conciliación especializados e imparciales, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, y serán organismos descentralizados.

En su exposición de motivos de dichos cambios a la Carta Magna, destaca que la justicia laboral presenta problemas de funcionamiento debido a que sus instituciones y procesos fueron creados en condiciones históricas que contrastan abismalmente con las que se viven actualmente.

Resalta que de 1995 a 2015 se incorporaron a la población económicamente activa más de 18 millones de mexicanos, periodo en el que los conflictos individuales aumentaron 132 por ciento, al pasar de 125 mil 510 en diciembre de 1994 a 291 mil 548 en diciembre de 2015.

Ante ello se requiere, dice, una profunda transformación del sistema de justicia laboral, lo que incluye a las juntas de Conciliación y Arbitraje en los ámbitos federal y estatal.

La iniciativa busca acabar con todo espacio susceptible de prohijar, iniciar vicios y prácticas que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a incertidumbre jurídica.