Buenos Aires.

El fiscal federal Jorge di Lello imputó penalmente este sábado al secretario de Coordinación Interministerial del gobierno del presidente Mauricio Macri, Mario Quintana; al jefe de asesores del mandatario, José Torello; al director del banco central, Pablo Curat, y a los responsables de las empresas Caputo SA y Chery-Socma SA, quienes se beneficiaron con la devaluación del peso en diciembre pasado mediante una operación de compra de dólar a futuro en la administración anterior.

Por otra parte, de acuerdo con el importante portal de Internet El Destape, Di Lello imputó al juez federal Claudio Bonadío y al presidente del banco central, Federico Sturzenegger, por presunta administración infiel, en perjuicio de la administración pública y en favor de particulares.

También ayer fue denunciado penalmente el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por diputados del Frente para la Victoria (FpV), quienes lo acusaron de beneficiarse del aumento de la tarifa del gas, a raíz de su doble rol de funcionario público y accionista de la empresa Shell SA.

Se considera que en este caso existe el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La denuncia fue presentada por los diputados Martín Doñate y Rodolfo Toilhade ante el juzgado federal a cargo de Luis Rodríguez, con la fiscalía de Carlos Stornelli. Aranguren, quien además orquestó el llamado gran tarifazo al incrementar las cuotas de luz y gas, era gerente en Argentina de la trasnacional petrolera angloholandesa y declaró tener más de 13 millones de pesos en acciones clase A de la empresa Royal Dutch Shell.

Esto fue parte de las bonificaciones que el actual funcionario del gobierno de Macri recibió de Shell Companía Argentina de Petróleos SA, de la que fue presidente hasta junio pasado.

Los denunciantes explicaron que resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial los días 28 y 29 de marzo pasados autorizaron el aumento de tarifas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte a Shell y por esa decisión se avaló la compra de gas a Chile en forma directa y pagando tarifas más caras de las que se venían cubriedo a Bolivia.

Aranguren colocó, según diputados, en situación de privilegio a Shell, dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado por Shell), la mayor proveedora de gas del vecino país trasandino, por lo que estos legisladores habían alertado de una posible incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo de parte de Aranguren a la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso, quien pertenece a más de una ONG, de las fundaciones estadunidenses y hasta ahora no tomó ninguna medida.

En la edición sabatina del diario Página 12 el analista Raúl Kollman sostiene que el juez Bonadío, quien lleva una campaña contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde hace años sin poder presentar pruebas nunca, no allanó departamentos de la ex mandataria en Puerto Madero como dijo y publicaron la mayoría de los medios de comunicación.

El operativo se realizó sólo en la administración del edificio donde están tres departamentos de la sociedad Los Sauces de la familia Kirchner. De ahí se llevaron computadoras y documentos que atañen al inmueble.

“El abogado de la familia Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, realizó el jueves pasado una presentación ante el juez Julián Ercolini señalándole que la intervención de Bonadío es una maniobra procesal, porque el magistrado ya fue apartado del expediente Hotesur, que investiga el patrimonio de la familia Kirchner, y la causa Los Sauces, también enfocada en la ex mandataria, es apenas parte del mismo expediente, como señaló la cámara federal.