Río de Janeiro.

Uno es acusado de recibir sobornos, otro de esconder cuentas bancarias y otro más de ayudar a escapar a un preso.

¿Quiénes son? ¿Estafadores, mafiosos? No, son tres de los principales senadores de Brasil que decidirán si apartan del mando a la presidenta Dilma Rousseff y le inician un juicio político.

Sylvio Costa, fundador del sitio en línea Congresso em Foco, lo, lo explica como la extraña realidad del paisaje político brasileño.

Rousseff está acusada de utilizar préstamos de bancos estatales para ocultar déficit presupuestarios en 2014, año de su relección, y en 2015.

La presidenta argumenta que estos trucos contables han sido aplicados por tanto tiempo que es una práctica común de los gobiernos brasileños y que, en todo caso, sería una falta menor. Señala que no hay vestigios de corrupción ni méritos para abrirle un juicio. Pero si los pecados de la presidenta entran en un área gris, no se puede decir lo mismo sobre quienes la acusan... y la juzgan.

Un estudio de una organización no gubernamental reveló que 61 por ciento de los 81 miembros del Senado han sido condenados o acusados de delitos en algún momento.

Delitos: de graves a ridículos

Los antecedentes penales de los senadores incluyen transgresiones que van desde las más graves, como la participación en la trama de corrupción dentro la estatal Petrobras, hasta los más ridículos, como el del senador Telmario Mota de Oliveira, sospechoso de estar involucrado en peleas de gallos.

Congresso em Foco, que hace seguimiento a las deudas de los políticos con la justicia, indicó que 24 de los 81 senadores enfrentan casos criminales en la actualidad.

El Senado es un pequeño retrato de la política brasileña, dijo Costa a la Afp. Tenemos un sistema político que está completamente podrido, siguió.

El presidente del Senado, Renan Calheiros, el hombre que conducirá el proceso de impeachment, está dentro de ese 61 por ciento.

Está acusado de aceptar millonarios sobornos junto a decenas de otros políticos y grandes empresarios, dentro del fraude que le costó más de 2 mil millones de dólares a Petrobras.

Pero, como muchos en la elite política, Calheiros es un maestro en el arte de escapar de una condena.

Sobrevivió, por ejemplo, en 2013 al embarazoso incidente de haber sido descubierto usando un jet de la fuerza aérea para viajar a Recife, en el noreste, para someterse a un injerto de cabello. También sobrevivió a acusaciones de que permitió a un lobista pagarle pensión de alimentos a una amante que dejó embarazada.

Otro gran nombre en el plenario es el senador Aecio Neves, el candidato derrotado por Rousseff en 2014 por poco más de 3 por ciento.

Neves se presenta como un fuerte candidato a disputar las próximas elecciones de 2018, aun cuando es investigado por recibir sobornos y tener una cuenta bancaria familiar secreta en Liechtenstein.

Está también Delcidio do Amaral, ex líder del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff en la cámara alta hasta noviembre pasado, cuando se convirtió en el primer senador en ejercicio en ser arrestado.

Acusado de ser una pieza clave en la trama en Petrobras, Amaral supuestamente intentó organizar un vuelo para que un ejecutivo petrolero huyera del país a España y no testificara ante la justicia.

Desde entonces, Amaral decidió hablar y se convirtió en un testigo estrella de la fiscalía con un acuerdo que lo ha llevado a acusar a varios de sus antiguos compañeros de partido, incluida la propia Rousseff, investigada por obstrucción a la justicia.

Sucesión, tema clave

Justo cuando se piensa que se perdió la capacidad de asombro dentro de la crisis brasileña viene una nueva sorpresa. Con Rousseff cercada y con la amenaza de que sea apartada del poder, la línea de sucesión se convierte en un tema clave.

El vicepresidente Michel Temer asumiría el gobierno tan pronto el Senado la suspenda y, si Rousseff es finalmente hallada culpable, terminaría su mandato, que culmina en diciembre de 2018.

Temer fue mencionado por Amaral como uno de los participantes de la trama de corrupción en Petrobras. Y una corte de Sao Paulo lo condenó por violar las leyes de financiamiento de campaña, lo que podría impedirle presentarse a elecciones por ocho años, periodo que incluye los comicios de 2018.

Con Temer presidente, el siguiente en la línea de sucesión era Eduardo Cunha, hasta el jueves pasado presidente de la Cámara de Diputados, pero suspendido por la el Tribunal Supremo Federal por obstruir una investigación en su contra.

Lo sustituyó interinamente su aliado Waldir Maranhao, que también es investigado por corrupción en la causa Petrobras.

Sigue Calheiros en la lista, el propio presidente del Senado, blanco de varios escándalos.

¿Mejorarán las cosas? Costa asegura que es un hito la suspensión del hasta ahora intocable Cunha por parte de la Suprema Corte.

Libres y tranquilos

Pero aunque aumenta el número de corruptos que van a la cárcel, los que están aún libres pueden sentirse tranquilos con la historia de otro senador, Fernando Collor de Mello.

Hijo de otro senador, Collor de Mello fue presidente entre 1990 y 1992, cuando renunció antes de ser destituido por un impeachment acusado de corrupción. Perdió sus derechos políticos por ocho años, pero en 2006 fue elegido senador.

A pesar de haber sido investigado por el caso Petrobras el año pasado –la policía le confiscó asimismo un Ferrari, un Porsche y un Lamborghini de su casa–, aún es integrante de la cámara alta.

Y será uno de los 81 hombres y mujeres que decidirán el destino de Rousseff, cuando la cámara alta vote sobre el impeachment.