Cerca de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, hay tres fosas llenas de restos humanos; huesos parcialmente calcinados que hoy son objeto de una cruda disputa entre el gobierno estatal y los organismos de derechos humanos y las familias con seres queridos a los que perdieron el rastro durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Desde el año pasado está pendiente el cumplimiento de un peritaje forense para la identificación de estos restos, ante la demanda de las familias, las cuales exigen que sea realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La administración de César Duarte Járquez pretende efectuar la identificación sin participación de peritos de ese equipo.

Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer (Cedhem), compara esta pretensión del gobierno chihuahuense con el intento de la Procuraduría General de la República (PGR) de imponer una verdad histórica en el basurero de Cocula en torno al caso Ayotzinapa.

Cuauhtémoc y Ayotzinapa son dos casos emblemáticos de la desaparición forzada en México y para quitarse de encima los dos problemas, que ya tienen una dimensión internacional, recurren al mismo método: inventar una solución artificial, asegura la abogada y teóloga, conocida como Lucha Castro.

Para impedir la exclusión de los forenses argentinos en los peritajes, el Cedhem y los familiares de desaparecidos de Cuauhtémoc lograron que se interpusiera un amparo federal que suspende momentáneamente la diligencia que la fiscalía chihuahuense pretendía empezar de inmediato.

Además solicitaron que la Secretaría de Gobernación (Segob) que intercediera a su favor, después de sendas reuniones con los subsecretarios Luis Miranda y Roberto Campa. Este último suspendió recientemente una reunión, en Chihuahua, con familiares, defensores, funcionarios y los forenses argentinos.

¿Centros de exterminio?

Una de las fosas es un gran depósito de osamentas en Rancho Dolores, cerca de la cabecera municipal, descubierto en octubre de 2011; otra en Rancho El Mortero, municipio vecino de Cusihuerachi, hallada un mes después y una tercera, en la brecha El Porvenir, municipio de Carichí, encontrada en junio de 2014.

“Yo he visto esas fosas –cuenta Gabino Gómez, miembro del Cedhem y dirigente de El Barzón chihuahuense–; ahí hay miles de fragmentos de huesos, quemados en distintos grados. Los pedazos más grandes no pasan de cinco, seis centímetros.”

Familiares de desaparecidos sostienen que la única posibilidad de conocer la verdad sobre el origen de los restos es que sea el EAAF el que realice el estudio y el cotejo genético, con los protocolos científicos que han cimentado el prestigio internacional de esta institución. Al parecer, estos tres sitios fueron centros de exterminio y cremación –las temibles cocinas–, destino final de cientos de personas que a principios de la década fueron secuestrados en la región, durante la confrontación entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad.

Sólo en Cuauhtémoc, con sus 150 mil habitantes, hay 372 personas reportadas como desaparecidas, con averiguaciones previas abiertas ante la fiscalía estatal. Pero nosotros, en el Cedhem, calculamos que hay un subregistro y que el número real puede bordear 900, por los testimonios que conocemos.

Fernando Romo, padre de Luis Antonio Romo Muñoz, uno de los ocho desaparecidos, todos varones de una misma familia –los Muñoz–, secuestrados en la localidad de Anáhuac en 2011 (14 de junio, un Día del Padre) por policías del estado, asegura que funcionarios de la Fiscalía estatal se han acercado a muchos de los familiares que atraviesan por esta situación “para advertirnos que el peritaje del gobierno se va a hacer, sí o sí, sin el EAAF y en contra de nuestra voluntad.

A muchos les han asegurado que los restos de todos los desaparecidos que buscamos están ahí y que si los identifican vamos a tener que dejar de buscarlos. Eso es darle carpetazo al asunto.

En efecto, el primero de abril, Mercedes Doretti, antropóloga perito del equipo argentino, viajó a Chihuahua para intentar una nueva negociación de convenio con la fiscalía, pero nadie la recibió. El 31 de marzo, la experta forense argentina, que ha contribuido a la identificación de decenas de mujeres en Ciudad Juárez y otros desaparecidos en otras ciudades, recibió un comunicado del secretario general de Gobierno, Mario Trevizo, en el que advierte que al no haber sido posible concretar un convenio de trabajo con la EAAF, el gobierno contrató otros servicios, por lo que el trabajo del equipo argentino ya no será necesario.

La fiscalía pretende que el EAAF no tenga derecho a conocer los expedientes completos de los casos que va a investigar ni acceso a otros restos que fueron levantados de las fosas que serían estudiadas y que se encuentran en poder de las autoridades. Pretenden además prohibir que se informe de los procedimientos a las familias, lo cual fue considerado por Doretti y sus colaboradores imposible de aceptar y contrario a los principios que rigen el trabajo del equipo.

Marta Arana Baray es otra de las madres que se oponen a que la fiscalía realice el peritaje sin la participación del EAAF. Su hijo de 36 años, Alfredo Quezada, es uno de los desaparecidos (febrero, 2010). No tengo ni un dato, ni un indicio de qué pudo haber pasado. La fiscalía nunca investigó. Además del calvario que es perder un hijo de esa forma, encima tenemos que padecer el trato de indolencia que nos da el gobierno, dice.

Así, Un trato de indolencia, tituló Amnistía Internacional su más reciente informe sobre desaparición forzada, en el cual cita a Cuauhtémoc y Ayotzinapa como casos emblemáticos. Ahí se documenta el caso de Alfredo, de los Muñoz, y muchos otros que ilustran claramente la complicidad de las policías locales en las desapariciones.

Las familias dicen que la corporación policiaca de Cuauhtémoc trabaja de día como policía y de noche como delincuente. O viceversa. Y no les falta razón, asegura Lucha Castro.

Perder material genético

La historia que narra Edna Patricia Vázquez, madre de José Alfredo Guevara, también desaparecido, lo ilustra. Yo me di cuenta de que algo pasaba porque estaba esperando a que mi hijo me fuera a dejar a mi nieto, mientras él y su compañera iban a la universidad. Cuando tardó media hora fui a indagar a la comisaría. Estando ahí, le habló una hermana de la nuera, para informarle que había recibido una llamada desde el celular de su hermana, que también fue levantada junto con el bebé de ambos, y que un hombre le advirtió que estaban muy enojados porque había ido a denunciar y ordenaba que Edna saliera de inmediato de la fiscalía. ¿Quién les dijo a los secuestradores que yo estaba en la comisaría? Les avisaron desde adentro.

El niño y la esposa fueron liberados. Un año después la policía admitió que los restos calcinados de José Alfredo fueron encontraron dos días después del secuestro. Por cierto, fue el EAAF el que identificó a la víctima. Aunque Edna Patricia ya encontró a su hijo, asesinado, se ha hermanado con las otras familias y continúa la búsqueda de los demás padres del Cedhem.

Sobre el peritaje en las fosas de los ranchos Dolores y El Mortero y la brecha El Porvenir, no nos oponemos a que se haga el análisis genético. De hecho reconocemos que algunos de nuestros familiares pueden estén ahí. Pero no vamos a declinar nuestro derecho a contar con un peritaje independiente y sólo confiamos en el equipo argentino. Lo malo es que si el gobierno hace el estudio por su cuenta, no solamente no vamos a confiar en sus resultados, sino que se va a agotar el material genético de las muestras y, entonces sí se va a perder para siempre la oportunidad de conocer la verdad, advierte Fernando Romo, del caso de los Muñoz.