Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos criticaron al gobierno federal por su silencio para definir los lineamientos que deberá contener el ‘‘mecanismo de seguimiento internacional’’ en las investigaciones del caso Iguala.

Reunidos más de dos horas con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, los familiares y abogados exigieron definir estos lineamientos antes del 21 de mayo, fecha en que está agendada la próxima audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres, lamentó que a unos días de que venza este plazo el gobierno ha preferido permanecer callado, hecho que cuestiona el discurso gubernamental de aceptar el mecanismo de seguimiento y de apertura al escrutinio internacional.

‘‘Ha existido una total omisión y no ha habido una respuesta del Estado mexicano más que la expresión pública de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, de que se iba a definir el mecanismo’’, indicó.

La reunión con el subsecretario Campa se dio en las instalaciones de la SRE, a donde los padres de familia llegaron poco después de las 10 de la mañana a manifestarse y en busca de una reunión con la canciller Ruiz Massieu, cita que no pudo concretarse; en su lugar llegó el subsecretario de Gobernación.

Hay que recordar que este mecanismo de la CIDH sería para dar seguimiento a las recomendaciones presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe final sobre las investigaciones del caso Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Tras la reunión en la cancillería, Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres y madres de familia, y el mismo abogado Rosales, cuestionaron la voluntad política del gobierno de aceptar este mecanismo, pues su comportamiento apunta a no tenerlo o en su caso aceptar uno que tenga ‘‘carácter ordinario’’, es decir, sin facultades para poder efectivamente dar un seguimiento a las investigaciones.

Ambos recordaron al gobierno federal que existen medidas cautelares emitidas por la CIDH, donde hay una responsabilidad internacional de cumplirlas. Incluso, el abogado Rosales citó que se van perfilando condiciones para poder presentar una demanda de incumplimiento ante el sistema interamericano.

Más tarde, entrevistado en el contexto del foro sobre la conciliación de agendas de organizaciones y luchadores políticos y sociales, Melitón Ortega insistió en que hay una posición negativa del gobierno federal para mantener los acuerdos establecidos entre ambas partes, a fin de que se dé el mecanismo de seguimiento para la búsqueda de los jóvenes.

Dijo que después de la partida del GIEI, las puertas del gobierno se nos han cerrado: ‘‘Así lo vemos; los padres nos quedamos desamparados. Es la razón por la que buscamos este mecanismo internacional’’.