La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que el caso Tlatlaya no es cosa juzgada, y anunció que aportará pruebas que acrediten responsabilidad de los implicados en la ejecución extrajudicial de ocho personas en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014.

El Ministerio Público Federal anunció que luego de analizar “detalladamente la resolución del sexto tribunal unitario, con sede en Toluca, que ordenó liberar por ‘falta de elementos para procesar’ a tres presuntos responsables de delitos relacionados con homicidio y alteración del lugar de los hechos”, aportará pruebas para que tres efectivos del Ejército Mexicano, a los cuales se les dictó libertad, sean reaprehendidos y formalmente procesados.

La PGR señaló que si bien dicha resolución judicial no es impugnable, el magistrado estableció que el auto de libertad fue dictado sin perjuicio del que el fiscal de la federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir lo requisitos legales con la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia.

La dependencia que dirige Arely Gómez González informó que “solicitará el expediente del caso y llevará acabo todas las diligencias que sean necesarias para aportar los elementos de prueba requeridos, a fin de evitar que los delitos cometidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, estado de México, queden impunes.

La dependencia buscará la reaprehensión por el delito de homicidio calificado de los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, a quien imputa haber ejecutado, cuando ya estaban rendidos, a ocho de los presuntos integrantes de un grupo criminal.

Asimismo, la PGR buscará que a los tres militares se les juzgue por alterar la escena de los hechos en Tlatlaya.