Buenos Aires.

Carlos Beraldi, abogado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la venta de dólar futuro, anunció hoy lunes que apelará del procesamiento de la ex mandataria resuelto por el juez federal Claudio Bonadio, que consideró un pronunciamiento totalmente calculado, “eminentemente político y acto de venganza.

Los jueces deberían resolver conforme al derecho, y lo que ha hecho Bonadio es lo contrario, resolvió a partir de sus opiniones políticas. El fallo es evidentemente político, señaló el abogado al referirse a las 150 hojas que tiene la resolución, donde curiosamente hay una serie de críticas a la política económica del gobierno de Fernández de Kirchner con interpretaciones propias sobre el control de tipo de cambio.

Por su parte, el fiscal federal Jorge Di Lello cuestionó los procesamientos en la causa por la venta de dólar a futuro, el pasado viernes, refiriéndose a la decisión de Bonadio, quien además imputó al ex ministro de Economía Axel Kicillof, al ex director del Banco Central Alejandro Vanoli y a otros ex funcionarios.

Di Lello sostuvo que si el juez (Bonadío) “tenía a su disposición decidir que no se vendiera (dólar a futuro) porque era un delito, y dice ‘véndalo’; de alguna manera funciona como parte de que ese delito se materialice”.

Este fiscal está a cargo de una causa que es paralela a la de dólar futuro, en la que precisamente se investiga a Bonadio, al presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y a funcionarios del actual gobierno, denunciados por un grupo de diputados del ahora opositor Frente para la Victoria.

Advirtió que si el juez Bonadio no estuviera imputado sería lógico no partir las causas. Todo es parte de la misma historieta, subrayó.

Más aún, especificó que si es delito la maniobra que hicieron en conjunto los imputados, el juez no podría haber ordenado pagar porque esto materializa el delito.

Se refiere a que una serie de funcionarios del gobierno de Macri habían comprado dólar a futuro, cuando las anteriores autoridades del Banco Central decidieron esta operación en octubre pasado. El delito resultó de que la lista que se conoció de los compradores de bonos eran no sólo funcionarios en cargos muy altos del gobierno actual e incluso empresas ligadas al presidente Mauricio Macri. Lo que se denunció y es público es que el gobierno que asumió el 10 de diciembre pasado decidió devaluar el peso y hubo reuniones en las que participaron los funcionarios que figuran en la lista de compradores que entendieron que esta devaluación los iba a favorecer hasta ganar tres veces más con los dólares a futuro que habían comprado y siguieron adelante. Di Lello se propone apelar de la decisión de Bonadio.

En tanto, el abogado Beraldi señaló que lo más grave de la causa por las supuestas irregularidades en la venta de dólar a futuro durante las últimas semanas del gobierno anterior “es que el juez (Bonadio) está acusado de cometer un delito por intervenir en esta causa (… lo que hizo fue autorizar al presidente del Banco Central seguir adelante con la maniobra”, dijo Beraldi y consideró que si esto era un delito, quien lo consumó es el juez, al aludir a la consulta que Sturzenegger le formuló a Bonadio para liquidar pagos a quienes habían ingresado en esta operatoria, recibiendo la conformidad del magistrado.

Beraldi ratificó que se sigue considerando que por parte del juez Bonadio existe un grado de enemistad manifiesta y por esa razón lo han recusado. Este magistrado –en lo que se consideró como persecución contra la ex presidenta, cuando ejercía el cargo– apeló a irregularidades como el envío de policías de la Metropolitana, que corresponden a la municipalidad de Buenos, a la sureña provincia de Santa Cruz, para allanar propiedades de la familia Kirchner cuando investigaba la causa Hotesur, en julio pasado. Por esa razón fue apartado de la causa Hotesur, por los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

Freiler, que votó a favor de la nulidad de esa actuación, le recordó al juez Bonadio varias acciones irregulares en esta causa, como negar copias del expediente a las defensas. No ha elegido a ninguna de las fuerzas de seguridad de carácter federal para llevarlas a cabo, sino a la policía Metropolitana, pese a que tales diligencias fueron practicadas fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, dijo Freiler.

El hecho de que el gobierno porteño –a cuyo frente estaba Macri– haya pagado el desplazamiento de los efectivos de la Metropolitana encierra una serie de irregularidades, señalaron los magistrados en su momento.