Dejar en manos de los elementos de la Armada de México el escrutinio de las leyes comerciales, como se propone en la reforma a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, es una aberración y pone en riesgo miles de empleos, advirtieron la Unión Nacional de Transportistas Campesinos (Untrac) y el Frente Unido de Marinos Mercantes (Fumac).

Víctor Martínez Rodríguez, presidente del Fuamac, demandó que los cambios a dicha ley –que se discute en el Senado– sean sometidos a consulta entre los sectores involucrados para evaluar los pros y contras.

Martínez Rodríguez rechazó la propuesta presidencial de militarizar las 16 capitanías de puertos del país, pues ello dejará pérdidas económicas enormes, ya que “desaparecerían los marinos mercantes, profesionales encargados de aplicar la ley vigente y responsables de instrumentar los tratados internacionales y de fomentar el comercio exterior del país.

La militarización de los puertos está prevista por la Constitución únicamente en tiempos de guerra, destacó en conferencia de prensa.

Retroceso de 50 años

Salvador Rivera Castrellón, dirigente de la Untrac, apuntó que el proyecto que se discute en el Senado representa un retroceso de 50 años. De aprobarse, dijo, provocará la quiebra de casi 200 pequeñas y medianas empresas que se desempeñan en los 16 puertos.

La aplicación de la actual ley, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el trabajo coordinado con los marinos mercantes, ha permitido que los puertos hayan mejorado en seguridad, economía y eficiencia, pues se trata de personal preparado acorde a la legislación marítima internacional, sostuvo.

Afirmó que las inspecciones que realiza la capitanía de puerto están apegadas a las técnicas de los tratados internacionales.

Martínez Rodríguez y Rivera Castrellón reconocieron que es necesaria la intervención de la Secretaría de Marina ante la inseguridad y el narcotráfico, pero es inconstitucional que dicha institución lleve a cabo actividades que le corresponden a la marina mercante.

El pasado 8 de marzo, el Ejecutivo federal presentó al Senado un proyecto de reformas que establece que la Secretaría de Marina será la encargada de otorgar los permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico con embarcaciones menores.

También autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales mexicanos, entre otros puntos.