El problema de las desapariciones encabeza la lista de los retos del país en materia de derechos humanos, admitió la Secretaría de Gobernación (SG). La clasificación gubernamental en la materia agrega los temas de tortura, uso legítimo de la fuerza, protección a defensores y periodistas, así como la situación de los migrantes.

‘‘El reto de hacer plenamente vigentes los derechos humanos en México, tenemos que reconocerlo, es todavía muy grande. Son muchas áreas en las que persisten violaciones, incluso graves’’, señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa Cifrián.

En los próximos días funcionarios federales viajarán a la ciudad de Washington para definir, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa, una vez que se dio por concluido el trabajo en nuestro país de cinco especialistas asignados por la comisión.

El antecedente, en cuanto a ordenamientos del organismo internacional, fue el paquete de medidas cautelares emitidas en octubre de 2014, apenas unos días después de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, levantados por policías municipales para entregarlos al crimen organizado.

El caso ha sido reconocido tanto por el gobierno mexicano como por la CIDH como desaparición forzada, es decir, un delito en el que intervienen elementos del Estado.

Igualmente, se instruyó a México para que fortaleciera la búsqueda de los jóvenes, investigara el caso para dar con los responsables y atendiera a los familiares de los estudiantes, así como otras víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

A nivel general, en México hay actualmente 28 mil 158 personas en calidad de ‘‘no localizadas’’: 27 mil 215 cuyas investigaciones están a cargo de autoridades locales, y 943 del nivel federal.

El subsecretario Campa se reunió ayer con funcionarios públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, en conmemoración de los cinco años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, enmienda considerada de ‘‘gran calado’’ y que ha marcado, se dijo, las obligaciones y metas del país en la materia en apego tanto a las normas nacionales como los compromisos internacionales.

Uno de los planes es construir indicadores para medir la implementación de los cambios a 11 artículos básicos de la Constitución y nueve transitorios. El artículo primero, añadió, es un verdadero itinerario contra la impunidad, de ahí la importancia de trabajar con la sociedad.

Al final del encuentro, Campa señaló: ‘‘Hay avances sustantivos y retos; son cinco los temas que representan los retos principales: tema de desaparecidos, tortura, uso legítimo de la fuerza, protección a defensores y periodistas, y migrantes’’.

A escala regional, dijo que los países integrantes de la Organización de Estados Americanos han rendido cuentas respecto de los retos de cada uno. Para atender las medidas de seguimiento para el caso Ayotzinapa, viajarán a Washigton los responsables del área de derechos humanos de la SG, cancillería y Procuraduría General de la República. Previamente, los familiares de los jóvenes desaparecidos se reunirán con la procuradora y la canciller.

El subsecretario Campa dijo que en lo que toca a las medidas precautorias de octubre de 2014, se ha avanzado, en especial en lo relativo a atención a víctimas, para lo cual se elaboró un plan de estudio sicosocial para las familias afectadas.