Padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos emplazaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a separar de su cargo, en un plazo no mayor de 15 días, al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, como medida indispensable para dar credibilidad a las investigaciones del caso Iguala.

Además, acusaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de obstaculizar el diseño de un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus dos informes, el cual se debe decidir este sábado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En conferencia de prensa, luego de una reunión de casi cuatro horas con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, los padres y sus representantes legales informaron que la dependencia les presentó el Libro blanco del caso Iguala, que no les entregaron por cuestiones de impresión. Se los darán este miércoles.

La PGR ha elaborado informes de este tipo sólo en cuatro ocasiones: el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en mayo en 1993; el homicidio de Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994; la matanza de Acteal, ocurrida en diciembre 1997, y la investigación de feminicidios en Ciudad Juárez.

Sobre el arroyo vehicular de la lateral de Paseo de la Reforma, donde se realizó la conferencia de prensa, los padres señalaron que junto con el emplazamiento para separar del cargo a Tomás Zerón también está que la PGR dé respuesta y avance en las líneas de investigación que recomendó el GIEI, algunas relacionadas con la participación de la policía municipal de Huitzuco y la investigación de los teléfonos celulares de estudiantes y policías en ese y los días sucesivos al 26 y 27 de septiembre de 2014.

Exigieron terminar con la fragmentación en la investigación del caso, orquestada desde la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), además de actuar en las denuncias de tortura presentadas por presuntos inculpados, ya que la PGR se basó en las declaraciones de cinco de ellos para fabricar la verdad histórica de que los estudiantes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula.

Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, instancia que representa a los padres ante la CIDH, dijo que el próximo jueves, a las 11 horas, sostendrán una reunión con la canciller Claudia Ruiz Massieu con la finalidad de avanzar en el mecanismo de seguimiento.

Sin embargo, aseguró que la cancillería obstaculiza el diseño de un mecanismo robusto, pues pretende dejarlo sólo con carácter ordinario, en el cual el seguimiento sería mediante el intercambio de documentos de manera semestral.

La propuesta de los padres es un mecanismo especial, con visitas periódicas al país, revisión directa del expediente y presentación de recomendaciones, e incluso la participación de uno o dos expertos que integraron el GIEI. La última palabra la tendrá la CIDH, en la audiencia que sostendrán las partes el próximo sábado en Washington.

Por su parte, la PGR informó que durante la reunión la procuradora Arely Gómez recibió varios planteamientos en relación con el desarrollo de las indagatorias y acordó trabajar con los familiares y sus representantes en un mecanismo de búsqueda, haciendo uso de tecnología de punta.

Reportó que la procuradora refrendó a las madres y padres de los normalistas que la investigación está abierta y se trabaja con exhaustividad en el esclarecimiento de los hechos.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones centrales de la PGR y, según la información difundida. Arely Gómez manifestó que la institución a su cargo tiene como prioridad la investigación de los hechos ocurridos en Iguala.