En un intento encaminado a cerrar el caso y evitar la injerencia externa en las investigaciones del caso Iguala, el gobierno federal pretende aceptar sólo un mecanismo de seguimiento ordinario a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con únicamente el intercambio de documentos y reuniones semestrales en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta propuesta está muy por debajo de la presentada por los padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y sus representantes, quienes solicitaron a la CIDH que sea el mismo presidente de la comisión, James Cavallaro, quien encabece dicho mecanismo, con la inclusión de uno o dos de los integrantes del GIEI.

Este jueves, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, y los padres de familia se reunirán en un intento por llegar a un acuerdo antes de la audiencia privada que sostendrán las partes el próximo sábado en Washington, donde se definirá el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI en sus dos informes.

Durante esta audiencia, la CIDH tendría la última palabra, pero se duda de la voluntad política del gobierno mexicano. Y es que desde el momento en que la comisión notificó que iba a ordenar un mecanismo especial de seguimiento, ese mismo día la cancillería mexicana rechazó por escrito que pudiera haber un instrumento de esta naturaleza, señalando que el único que podrían aceptar es uno de carácter ordinario, es decir, con intercambio de documentos y reuniones semestrales en la sede de la CIDH.

Santiago Aguirre, del Centro Pro de Derechos Humanos, instancia que representa a los padres ante la CIDH, señaló que la cancillería ha obstaculizado un mecanismo robusto que incluya la participación y presencia de integrantes del GIEI.

Dijo que la propuesta de los padres incluye también el acceso a la información, a los expedientes del caso y la posibilidad de que funcionarios de la CIDH realicen visitas in situ al país, además de reunirse con funcionarios de alto nivel.

Por eso decimos que la propuesta del gobierno mexicano está muy por debajo de las exigencias de los padres de familia, señaló Santiago Aguirre.

De allí la importancia del encuentro de este jueves, que se realizará a las 11 horas en la cancillería, donde los padres de familia preguntarán a la canciller cómo puede ser compatible una posición de este tipo, de cerrarse a un mecanismo amplio de seguimiento, con el discurso gubernamental de respeto a los derechos humanos y de apertura al escrutinio internacional.

Por la parte gubernamental se tiene prevista la asistencia del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas; el subprocurador Eber Omar Betanzos, y el titular de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.

Por otra parte, ayer por la noche los padres de familia de los 43 normalistas se manifestaron frente a la Procuraduría General de la República (PGR) para reiterar su demanda de que sea separado de su cargo el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.