odría ser motivo de alegría la unidad de las fuerzas que dicen compartir espacio político bajo un proyecto común y un programa para cambiar el rumbo de la política en España. Sin embargo, la realidad es otra. La unidad tiene como objetivo ganar espacios de poder institucional para Podemos a costa del hundimiento de Izquierda Unida y desbancar al PSOE como partido hegemónico en la oposición relegándolo a ser tercera fuerza.

El acuerdo no disputa el poder al Partido Popular ni busca formar una coalición de gobierno. La negativa de Podemos a posibilitar dicha opción, entre PSOE, Ciudadanos, absteniéndose y fiscalizar desde fuera, logrando tener las riendas de la política y a medio plazo consolidar su espacio político, es demostración de lo expuesto. Le mueve lo inmediato, el deseo de poder y, de ser posible, el poder absoluto. Ello ha tenido como consecuencia vivir en España un estado de excepción, en el cual el Partido Popular ha firmando las leyes más regresivas bajo un gobierno en funciones que no rinde cuentas al parlamento. Carl Schmitt estaría gozoso de comprobar sus tesis en la España de Rajoy.

Unidos-Podemos no es una alianza electoral en la que las organizaciones confluyan para articular una propuesta de transformación del edificio neoliberal. Por el contrario, se trata de formar parte de la junta de administración del condominio. No se cuestionan la arquitectura ni los cimientos, sino se busca adecentarlo para que los nuevos moradores accedan a viviendas con mejores vistas, manteniendo el cartel propiedad privada, reservado el derecho de admisión. Vieja política para nuevos inquilinos que reclaman su parte del pastel resucitando viejos inquilinos.

Izquierda Unida no tendrá voz propia en los debates parlamentarios y tampoco podrá constituir un grupo, pasando a ser apéndice de Podemos. Asimismo, Izquierda Unida renuncia a las señas de identidad que le dieron vida en 1986. No se trata de cuestionar el lugar que ocupará Alberto Garzón en la lista al Congreso o de otros militantes en otras circunscripciones. El problema es de orden político.

Izquierda Unida será fagocitada en pro de ceder espacios de poder a Podemos, sin nada que lo justifique. La elección por el dedo divino de Pablo Iglesias, de sus candidatos, es significativo del estilo político que le acompaña. Dimisiones por doquier, círculos vilipendiados, militantes expulsados, dirigentes destronados, insultos, descalificaciones, descontento, acusaciones de corrupción, manipulación, falta de democracia interna, etcétera. En menos de un año de vida, Podemos es el único partido en la historia de los partidos políticos de cualquier tendencia que se configura como una adición despolitizada de militantes unidos para tomar el poder, sin proyecto ni unidad ideológica política, salvo el lema: quítate tú, para ponerme yo. Opción favorecida por la coyuntura, la crisis y la frustración que hunde sus raíces en una crítica emocional, asentada en un genérico que se vayan, no los soporto más.

En otros términos, la alianza es un acuerdo instrumental cuyo fin es desbancar al PSOE como primer partido de oposición, rescatando la degradada figura de Pablo Iglesias y salvando a Podemos de la caída electoral que auguraban las encuestas, dado sus continuos desplantes y soberbia, creyendo que en política uno más uno son dos, es decir, que los votos de IU serán traspasados mecánicamente a Podemos. Error de principiante.

No hablamos de un acuerdo político sobre ejes de cambio social. El documento firmado Cambiar España. Cincuenta pasos para gobernar juntos, no deja de ser un conjunto de buenas intenciones, donde es difícil no estar de acuerdo, incluyendo a sectores de la derecha moderada, centrista y republicana. En el apartado democracia económica, la anuencia a las políticas de la Unión Europea para enfrentar la crisis es todo un desatino. Se opta por no aumentar el gasto social para disminuir el déficit público a costa de perseguir el fraude fiscal. En cuanto al apartado dos, democracia social, se apunta una retahíla de consideraciones en sanidad, educación, pensiones, dependencia, infancia e igualdad de género, cuyo eje común es una política asistencialista y no transformadora de las estructuras de desigualdad social. En cuanto al tercer apartado, democracia política, se dice luchar contra la corrupción, por la transparencia en el sector público, el referendo revocatorio, el derecho a decidir, un nuevo financiamiento de los partidos y la derogación de la ley mordaza. Muchas medidas inviables por la aritmética electoral parlamentaria. Son un llamado publicitario que vende emociones, no hace política. Si vemos los apartados de democracia ambiental se promueve el acuerdo de París en contra de muchas organizaciones medioambientalistas. En el apartado quinto, democracia europea e internacional, no hay una sola mención a la política exterior hacia los países de América Latina, sobre la OTAN, ni rechazo al intervencionismo de las trasnacionales españolas.

Sin duda, tras el 26 de junio seguirá gobernando el Partido Popular con alianzas y bajo acuerdos puntuales. El interés por desplazar al PSOE agitando las banderas de un gobierno progresista bajo el liderazgo de Podemos y Pablo Iglesias como su hombre fuerte es marketing electoral que moviliza emociones. España no elige presidente de gobierno, pues no es un sistema presidencialista, en el cual las fuerzas concurren para lograr el control del Ejecutivo. Esa cuestión ameritaría la unidad estratégica. Disputar el Ejecutivo es una cosa, renunciar a presentarse como fuerza política en unas elecciones parlamentarias es un error político cuando no un suicidio en toda regla. Alianzas poselectorales todas. Pero nunca en la historia política se ha dado una alianza en la que uno de sus firmantes selle el acta de defunción esgrimiendo que usurpar poder sin cambiar el mundo es una opción de izquierdas. Sólo cabe preguntar a Alberto Garzón: ¿ingenuidad política o decisión intencional?