A diferencia de las iniciativas de PRI, PAN y PRD en materia anticorrupción, la que presentaron conjuntamente los grupos parlamentarios de Morena y del PT en ambas cámaras del Congreso establece que el presidente de la República será sujeto de responsabilidades penales por actos de corrupción, como cualquier servidor público.

Se trata de una reforma al artículo 108 constitucional, en la que se propone que el aparato anticorrupción, responsable de combatir el uso indebido de recursos públicos o enriquecimiento ilegal de funcionarios públicos, no dependa del gobierno federal.

Ninguna medida será eficaz si no se actúa sobre el origen de la corrupción en México, que es el inmenso poder del presidente de la República, advirtió el coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett. Anunció que exigirá que la propuesta de Morena y el PT se integre al dictamen de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, que se votarán en el periodo extraordinario que se inicia el próximo 13 de junio.

Detalló que la reforma constitucional que proponen crea un una comisión de la verdad, para investigar los actos de corrupción en que han incurrido los ex presidentes, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el que se intensificó la privatización de empresas públicas.

Autor de la iniciativa, junto con los diputados de Morena Virgilio Caballero y Rocío Nahle, Manuel Bartlett detalló que esa comisión de la verdad estará facultada para investigar los actos de corrupción durante los procesos de privatización y desincorporación de empresas públicas y los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones otorgados durante sus administraciones.

Se investigará, por ello, los delitos en que pudieran haber incurrido el Ejecutivo federal y los ex presidentes de la República, así como los grupos económicos y financieros beneficiados.

Asimismo, esa comisión de la verdad realizaría un análisis pormenorizado del incremento patrimonial de los presidentes y sus familias.

En la exposición de motivos de esa iniciativa, presentada el miércoles pasado ante la Comisión Permanente por el diputado Virgilio Caballero, se resalta que un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción debe vigilar de cerca al presidente de la República, no sólo a los demás servidores públicos, y se señalan los escándalos de corrupción más sonados en los que se vieron involucrados ex mandatarios.

Entre los escándalos están las múltiples privatizaciones y desincorporaciones de empresas públicas para favorecer a unos cuantos potentados en el sexenio de Salinas de Gortari; la aprobación del Fobaproa en la administración de Ernesto Zedillo, quien se benefició al privatizar Ferrocarriles Nacionales; esquemas de financiamiento paralelo en campañas presidenciales, como Amigos de Fox; la extinción inconstitucional de Luz y Fuerza del Centro, que llevó a cabo Felipe Calderón, entre otras.

En el sexenio actual, la “privatización de la industria energética y las relaciones de corrupción con grupos empresariales como Higa y OHL, así como el escándalo de la llamada Casa Blanca”.

El senador Bartlett recalcó que el Sistema Nacional Anticorrupción propuesto por PRI y el PAN será un instrumento inútil, con instituciones controladas por el Ejecutivo o los dos partidos mayoritarios, sin participación ciudadana real y sin que se toque la médula del poder en México.