Los integrantes del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, Guerrero, responderán ante el Ministerio Público el cuestionario incluido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe del caso Ayotzinapa.

Funcionarios del gobierno federal aseguraron que ‘‘la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está interesada en despejar cualquier duda que pudiera haber acerca de la conducta de sus elementos’’ la noche del 26 de septiembre de 2014.

El anterior fue uno de los puntos de desacuerdo entre el gobierno y el GIEI, cuyos integrantes insistieron en la necesidad de entrevistar directamente a los militares. No obstante, las autoridades dijeron que este paso correspondía aplicarlo al Ministerio Público.

El GIEI, cuya integración fue producto de un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó el 30 de abril pasado su trabajo de asesoría y ayuda para atender el caso de la desaparición de 43 jóvenes en Iguala.

Adicionalmente, el gobierno informó el sábado a la CIDH la preparación de un paquete de acciones para fortalecer la política de derechos humanos. Ahí se incluyen propuestas de políticas públicas presentadas por el grupo de expertos en sus 22 recomendaciones finales.

Según el documento base de las Medidas extraordinarias para el seguimiento interno de las recomendaciones del GIEI, se fortalecerán 10 acciones, entre las que se encuentra la creación de un mecanismo de coordinación para atender los casos de violaciones a derechos humanos.

En este mecanismo participarían los tres poderes de la Unión, los gobernadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como un consejo asesor compuesto por personalidades y expertos de la sociedad civil.

Un segundo punto es el impulso para la aprobación de la ley general de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares (actualmente en análisis del Senado), la cual incluirá –sgún la más reciente definición de este proyecto– la creación de fiscalías especializadas tanto en la Procuraduría General de la República (PGR) como en todas las entidades federativas.

Además se instaurará un sistema nacional de búsqueda, el cual deberá contar con un protocolo homologado que incluya investigación; además, el registro nacional para atender esta problemática, un banco de datos forenses, registro nacional de fosas y un registro administrativo de detenciones. El proyecto de ley prevé la integración de un consejo federal ciudadano como órgano de consulta del sistema nacional de búsqueda.

Un tercer punto se refiere a la aprobación y puesta en marcha de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Esta norma prevé la creación de unidades especializadas en PGR y en todos los estados; un programa y mecanismo nacionales para prevenir este delito, y un registro nacional con datos estadísticos en materia de tortura.

El resto del decálogo se refiere a la aprobación de la ley nacional de ejecución penal; modificaciones a la ley general de víctimas, igualmente en atención a las recomendaciones del informe final de GIEI, así como avanzar en la independencia técnica y la autonomía funcional de los servicios periciales y forenses de la PGR.

El punto siete se refiere a la integración de un equipo multidisciplinario de la Policía Federal a disposición de la PGR y de las víctimas de Ayotzinapa; el octavo prevé la implementación de un plan integral de atención a víctimas, convenido con el GIEI y de común acuerdo con las víctimas y sus representantes.

El punto nueve es la implementación en todo el país del sistema de justicia penal acusatorio, y el 10 fortalecer el sistema de alerta de violencia contra las mujeres, de acuerdo con el documento interno del gobierno federal al que tuvo acceso La Jornada.