La privatización del servicio de agua potable en Puebla fue resultado de una maquinación política y económica para beneficiar a una empresa que no licitó en la fase regular de contratación. Documentos que posee este diario revelan la implicación en ese proceso del gobernador Rafael Moreno Valle; del actual candidato a la gubernatura por el PAN, José Antonio Gali Fayad; el ex secretario de Gobierno y ahora diputado federal perredista Luis Maldonado Venegas, y Julio César Lorenzini, secretario de Desarrollo Rural de la entidad.

El contrato que se otorgó a la empresa Concesiones Integrales SA de CV tiene una duración de 30 años. De diciembre de 2013 a la fecha el consorcio recuperó la inversión requerida en el convenio, por mil 726 millones de pesos pagados al gobierno estatal –cifra de la que se desconoce el destino–, pues su margen de ingresos en ese periodo es de 2 mil 400 millones de pesos.

De forma ilegal se entregaron los 25 Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) a manos privadas, afectando a 475 mil usuarios (98 por ciento del total registrado en Puebla). La mayoría son familias que han visto mermada su economía al incrementarse los pagos mensuales por el servicio hasta en 400 por ciento. Sólo la mitad de los poblanos reciben agua 24 horas del día, mientras el resto de la población tiene servicio cuatro horas a la semana.

Se descubrió que detrás de la empresa beneficiada ilegalmente por Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad se encuentra financiera Monex, que solventó económicamente a la empresa beneficiada con la concesión.

La privatización del sistema de aguas en Puebla se manejó en la opacidad. Los documentos que tiene este diario revelan esa estrategia:

El 31 de diciembre de 2012 Rafael Moreno Valle, tras una negociación oculta con los coordinadores del Congreso de Puebla, consiguió que se aprobara una nueva Ley de Agua del estado. Decidieron abrir la puerta a la participación directa de las empresas privadas en el manejo, distribución y cobro del agua, con el argumento de que el Soapap era insolvente y se encontraba en condición de quiebra.

La maniobra de Moreno Valle y su aliado Gali Fayad se acompañó de la connivencia del consejo directivo del Soapap, del que éste último formaba parte.

Esa iniciativa de ley se presentó en el Congreso local el 5 de septiembre de 2013, acompañada de las firmas de Moreno Valle, Luis Maldonado Venegas, que ahora preside la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y de Julio César Lorenzini. Una propuesta de tal magnitud no fue analizada a profundidad por los diputados poblanos, que la aprobaron sin cambios tan sólo siete días después.

Antes de enviar la iniciativa, el consejo directivo de Soapap ya operaba. El 29 de agosto de 2013 convocó a un proceso de licitación para que empresas privadas participaran en el servicio de agua potable en Puebla.

La convocatoria a la licitación pública SOAPA-LPIC-001/2013 se publicó el 18 de septiembre de 2013, cuando los votos del PAN y sus aliados en el Congreso estatal –PRD, Partido Verde, Nueva Alianza y cinco diputados priístas– habían avalado la reforma que privatizó el agua en la entidad. Se determinó como fecha límite para la compra de bases de licitación el 25 de septiembre de ese año y la presentación de propuestas debió haberse hecho antes del 9 de diciembre.

Como parte del plan para garantizar la concesión a la beneficiaria, tres días antes del fallo de licitación, el 23 de diciembre de 2013, se constituyó ante el notario 25 del estado de Aguascalientes, mediante escritura pública 51206, la sociedad mercantil denominada Concesiones Integrales SA de CV, que no participó en la licitación.

El fallo se emitió el 26 de diciembre, y el Soapap adjudicó el contrato a un consorcio integrado por Grupo Agua de México SA de CV, EPCCOR Servicios SA de CV y Tecnología Intercontinental SAPI de CV.

Sin embargo, el mismo día Grupo Agua de México, SA de CV celebró un contrato de cesión de derechos a la recién creada Concesiones Integrales SA de CV.

En dicho acto jurídico, Grupo Agua de México cedió incondicionalmente los derechos derivados de la licitación pública a fin de adjudicar el título de concesión con que se otorgó el carácter de concesionario a Concesiones Integrales, que se había creado tres días antes.

El proceso de licitación del Sistema de Agua Potable en Puebla, conocido ya entre gran parte de la población como el robo del sexenio, no permitió que otras compañías solventes económicamente presentaran propuestas técnicas.

Así, Concesiones Integrales, creada 72 horas antes del fallo de la licitación, aún no se encontraba inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio ni en el Registro Federal de Contribuyentes.

La cesión de derechos a Concesiones Integrales viola la certeza jurídica porque no se cumplieron las obligaciones originalmente pactadas, ni se tiene registro de la correcta aplicación del recurso entregado por esa empresa.

Documentos a los que tiene acceso este diario confirman que Grupo Agua de México estableció en la cesión que ese acto jurídico se otorgó de manera incondicional, elemento suficiente para rescindir la propia concesión.

La concesión se entregó en diciembre de 2013, pero fue el 15 de mayo de 2014 cuando el Soapap recibió de Concesiones Integrales el pago de una contraprestación inicial de mil 723 millones 800 mil pesos.

En el contrato se estableció que cada mes la concesionaria pagaría al organismo público del estado 5 por ciento de los ingresos brutos obtenidos por suministro de agua potable a la población. A esto se suma que el gobierno de Rafael Moreno Valle y su candidato Antonio Galy decidieron extender la concesión.

Hasta ahora, por la opacidad con que el gobierno de Moreno Valle ha conducido la privatización del agua, ya que ordenó encriptar la información sobre el proceso y sus acuerdos con la empresa Concesiones Integrales, se desconoce el destino de mil 723 millones 800 mil pesos.

Por lo pronto, el entramado legal que permitió la entrega ilegal del servicio de agua potable afecta a municipios como la capital poblana, Tehuacán, Atlixco, Cuautlancingo, Huauchinango, Xicotepec, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Teziutlán, entre otros.

Además de la discrecionalidad del gobierno de Moreno Valle, el director del Soapap, Manuel María Urquiza Estrada, modificó el convenio de concesión en favor de Concesiones Integrales, que, pese a no tener experiencia en el ramo del servicio de agua potable, en su página de Internet se jacta de tener 20 años de conocimiento y experiencia en esa actividad.

Urquiza Estrada, amigo del gobernador Moreno Valle y del candidato José Antonio Gali, autorizó lo siguiente:

Las inversiones por 3 mil 844 millones de pesos a que se había comprometido la empresa privada y que debían realizarse en un plazo no mayor de cinco años se extenderán a 10. También prorrogó la vigencia de la concesión; garantiza el incremento de tarifas; disminuye el porcentaje relativo a la contraprestación periódica (pago al gobierno); modifica, al libre albedrío, los estándares de desempeño y garantías, e incluso se le asegura una indemnización del gobierno.

Concesiones Integrales se comprometió a que en los dos primeros años de haber iniciado la concesión realizaría inversiones por mil 294 millones de pesos, pero a la fecha –y gracias a la modificación del título de concesión– sólo han invertido 63 millones, únicamente 4.8 por ciento de lo comprometido.

Además, no se ha aplicado un proceso permanente de acciones para la detección y reparación de fugas. Cálculos de organizaciones civiles y no gubernamentales advierten que se pierde más de 50 por ciento del agua potable.

La administración del servicio ha resultado –como muchos negocios en Puebla– una mina de oro para los empresarios y sus aliados en el gobierno, Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.