El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, aseveró que “hoy más que nunca dejamos en claro que los problemas que se susciten en nuestras filas –cuando se presenten denuncias por violaciones a los derechos humanos– los resolveremos de frente, dando la cara, con acciones firmes y hechos contudentes”. En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que dentro de las instituciones que integran al Estado mexicano no hay adversarios ni debe haber confrontaciones.

Soberón y González Perez señalaron lo anterior durante la firma del convenio de cooperación Semar-CNDH para desarrollar acciones de formación, capacitación y promoción en materia de derechos humanos, en la que ambos coincidieron en que el respeto a la vida y a la dignidad humana son esenciales para la consolidación de una nación libre y democrática.

Ante altos mandos de la Semar, funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y del gobierno federal, el almirante Soberón sostuvo ayer que si en el cumplimiento del deber se incurre en excesos, pondremos a disposición de las autoridades correspondientes a quien quebrante la ley, ya que ello empaña o podría disolver la misión encomendada.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a la sociedad a evitar juicios anticipados sobre presuntas conductas ilícitas de los marinos, que buscan cumplir con su deber, hasta que un juez determine su situación legal.

Mayor esfuerzo

En la sede de la Semar, Soberón dijo que los elementos de las fuerzas armadas seguiremos esforzándonos para impedir actuaciones que, en algunos casos, tienen como consecuencia que los verdaderos criminales queden libres y continúen dañando a la sociedad.

Añadió que las violaciones a los derechos humanos cometidas por marinos son hechos aislados, y que de ninguna manera se realizan por procedimiento.

El presidente de la CNDH, por su parte, aclaró que cuando se determina una violación a los derechos humanos, no se descalifica la tradición de servicio u honorabilidad de ninguna institución; se señalan conductas indebidas de servidores públicos que, al ser investigadas, sancionadas y prevenidas, fortalecen a la institución frente a la sociedad, al diferenciar su compromiso con la legalidad y la justicia.

González Pérez insistió en que las tareas de combate a la inseguridad y al crimen organizado no son incompatibles con el respeto a los derechos humanos.