Madrid.

Nestora Salgado, la comandanta comunitaria de Guerrero que salió en libertad en marzo pasado después de pasar dos años y medio encarcelada en una prisión de Nayarit, recaba apoyos para pedir asilo político en España y asentarse definitivamente en este país, lejos de las amenazas y la violencia estructural que padecen a diario ella y su familia.

De 44 años y natural de Olinalá, iniciará los trámites en los próximos días para ser admitida por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que es el organismo público que decidirá finalmente si se le concede o no el estatus de asilada política.

Según corroboró La Jornada de una fuente relacionada directamente con la petición de asilo de la ciudadana mexicana, Salgado ha estado en las últimas semanas reuniendo apoyos de organizaciones de defensa de los derechos humanos –como Amnistía Internacional– y de los partidos políticos Izquierda Unida (IU) y Podemos para solicitar de manera formal la condición de asilada política, lo que le permitiría, además de una protección garantizada a su seguridad, traer a su familia directa y evitar así que sigan sufriendo las amenazas y las agresiones que padecen en México y que hasta la fecha ninguna autoridad pública ha evitado.

La activista fue elegida comandanta de la policía comunitaria indígena de Olinalá cuando, en 2011, después de 20 años de migrante en Estados Unidos, decidió volver a México, su patria. Su regreso al país la sacudió, tanto por todo lo que habían cambiado su región y su pueblo como por la omnipresencia del crimen organizado y el narcotráfico en Guerrero. Decidió hacerle frente y luchar desde la policía comunitaria, organizando a la población para evitar los atropellos habituales tanto de los narcotraficantes como de algunas autoridades locales corrompidas. Su presencia y sus acciones finalmente provocaron malestar en el gobierno estatal, y pronto se vio envuelta en un juicio que finalmente la señaló como culpable de 50 secuestros, que le auguraban una larguísima condena.

Nestora Salgado fue recluida en el penal de Nayarit y desde ahí lucho para probar su inocencia, incluso con una larga huelga de hambre de más de un mes, hasta que logró el compromiso del entonces gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, de revisar algunas de sus peticiones. En diciembre de 2015, la Comisión para Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un duro informe contra el Estado mexicano, en el que señaló el caso de Salgado como uno de los más graves en cuanto a violación de los derechos humanos básicos y reclamó su inmediata liberación. La presión de la ONU y de numerosas organizaciones sociales de México y del mundo lograron finalmente que la justicia ordenara su puesta en libertad en marzo pasado.

A su salida de la cárcel regresó a su pueblo y a los dos meses inició esta gira por España, en la que se ha dedicado, sobre todo, a dar a conocer la campaña denominada Ponle nombre y rostro para denunciar la situación de los más de 500 presos políticos que hay en México, la mayoría encerrados en situación infrahumana.