Proyectadas para ser instaladas en zonas de tensión social y con problemas de inseguridad, las zonas económicas especiales (ZEE) no se convertirán en enclaves cedidos a particulares fuera del control del Estado. Lo asegura Abraham Zamora, quien desde la dirección general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) fue el encargado de llevar adelante el proyecto, planteado por primera vez por el gobierno en noviembre de 2014. Las primeras abarcan municipios de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. El próximo año se sumarán Tabasco y Campeche.

La solución de largo plazo, incluso para resolver la tensión social, está en la generación de riqueza, dice Zamora en una entrevista con La Jornada, dos días después de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la ley de las ZEE.

El gobierno planteó la creación de zonas económicas especiales el 27 de noviembre de 2014. En esa ocasión, en medio de la conmoción nacional por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero, el presidente Peña Nieto anunció 14 acciones en materia de seguridad, justicia y desarrollo económico para evitar que crímenes así se repitan. La número 11 de ellas era trabajar en una reforma para crear tres zonas económicas especiales en el sur del país. La iniciativa de ley fue enviada al Congreso, que la aprobó el 27 de abril de este año.

Las brechas entre el norte y el sur del país están creciendo, dice Abraham Zamora en la entrevista. Se requiere un esfuerzo extraordinario que impulse el crecimiento de los estados que se han quedado rezagados. La creación de las ZEE, añade, es un cambio de estrategia con el propósito de generar riqueza, llevar la industrialización a las regiones más pobres y disminuir el rezago y la desigualdad.

Una de las ZEE estará ubicada en el corredor del Istmo de Tehuantepec y unirá Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz. La otra estará en el puerto de Lázaro Cárdenas e incluirá a municipios de Michoacán y Guerrero. La tercera en Puerto Chiapas.

En México hubo en el pasado esfuerzos de política industrial deliberada, como lo es la creación de las ZEE. Uno de los ejemplos que pone Abraham Zamora es el propio puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán o Ciudad Sahagún, en Hidalgo. En otro ámbito, el turístico, Cancún, Quintana Roo, es también un caso de intervención del Estado para crear un polo de desarrollo. Pero nunca se había hecho un esfuerzo estructurado de una zona económica especial que tuviera no sólo incentivos fiscales, sino también un programa de desarrollo de infraestructura para alentar a las empresas a que se muden y de infraestructura social y urbana para que a la gente también le convenga ir a vivir allí, apunta.

Las ZEE, tal como las considera la ley promulgada el martes, incluyen incentivos fiscales en impuestos a la renta y al consumo, facilidades arancelarias y aduaneras, explica. Pero, además, consideran programas especiales de financiamiento y capacitación de capital humano y la construcción de infraestructura.

–¿Cuál es el punto de equilibrio entre lo que el gobierno federal va a ceder en facilidades y lo que demanden las empresas para instalarse? ¿Cómo garantizar que no se repitan conflictos como el de la automotriz Kia, que obtuvo del anterior gobierno de Nuevo León facilidades que la nueva administración consideró excesivas?

–La ley establece que debe existir un convenio de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos locales, que incluye el conjunto de facilidades administrativas y los incentivos a cargo del gobierno federal y los gobiernos locales. Incluso debe ser aprobado por los congresos locales y cabildos, en sus ámbitos de competencia. Eso debe dar certidumbre.

–¿Estas zonas económicas se convierten en enclaves donde, a partir de las facilidades otorgadas, el Estado pierde atribuciones?

–De ninguna manera. Las primeras ZEE están en puertos. La zona económica va a ser un inquilino más del puerto, que seguirá administrado por la Autoridad Portuaria Integral. La autoridad federal, las estatales y municipales conservan sus facultades. Habrá un convenio de coordinación que compromete a los tres niveles de gobierno a facilitar las cosas para que funcione la zona económica.

–Una vez promulgada la ley, ¿qué sigue?

–En junio se va a formar un órgano desconcentrado de Hacienda responsable de la creación, desarrollo, promoción y consolidación de las zonas económicas. También este mes va a ser publicado el reglamento de la ley, lo que va a permitir que a finales de año salgan los primeros decretos de creación de las zonas, donde se delimita geográficamente cada una y se acompaña de un estudio de factibilidad con impacto social y ambiental y los incentivos fiscales que recibirán, así como todas las necesidades iniciales de infraestructura. Durante el primer semestre de 2017 se firmarán los convenios con los gobiernos de los estados y se harán los concursos por 40 años, renovables a otro periodo similar, para los desarrolladores de las zonas.

Abraham Zamora, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios PúblicosFoto Banobras

–¿Los gobiernos de los estados (algunos de signo político distinto al federal) están de acuerdo en firmar los convenios o falta convencerlos?

–Hemos encontrado un gran entusiasmo de los gobiernos locales, porque ven una gran oportunidad para llevar empleos mejor remunerados y actividades productivas diferentes a las que hoy hacen en las distintas localidades. Hay gran disposición y no vemos como un obstáculo que esto deba ser aprobado en los congresos locales.

–La iniciativa de las ZEE fue una de las acciones que anunció el presidente Peña Nieto para los estados del sur, después de los hechos de Iguala en 2014. ¿Pueden crearse en regiones diferentes?

–Se pueden establecer en los 10 estados con mayor porcentaje de pobreza, de acuerdo con lo aprobado por el Congreso. Bajo esa categoría, hoy sería posible crearlas también en Hidalgo y Puebla, además de la región del sur-sureste.

–¿Cuáles son las inversiones que se realizarán en las tres zonas económicas anunciadas?

–Hay tres categorías: la primera, corresponde a la infraestructura pública que se requeire para mejorar la competitividad y la conectividad de estos puntos. Para este primer paquete ya tenemos identificados 140 proyectos por 115 mil millones de pesos, a ejercerse en ocho o 10 años. Un segundo componente es infraestructura urbana y social y el tercero es propiamente las inversiones privadas derivadas de la instalación de las empresas. De estos dos últimos no hay todavía un cálculo.

–Para un proyecto de largo plazo como las zonas económicas, ¿cuáles son los puntos que deben cuidarse para que alcancen el potencial que se ha previsto?

–Es un proyecto que requiere mucha disciplina y consistencia de los actores involucrados. Esto quiere decir que se debe cumplir todo lo que hasta hoy se ha anunciado, así como lo que establezcan los decretos, el programa de desarrollo y el plan maestro. Se debe dar la certidumbre que los inversionistas privados requieren. El reto está en generar certidumbre de largo plazo. Cuando iniciamos este proceso preguntamos a algunos inversionistas la razón de que no se interesaran por la región del sur y una de las respuestas fue que no tenían certidumbre de largo plazo.

Generarán certidumbre

–Las regiones de las tres ZEE padecen violencia e inseguridad y se viven tensiones sociales.

–Desde el día uno hemos considerado esos factores. Son regiones del país que, debemos reconocer, tienen cierta tensión social o de temas de seguridad. La solución de fondo está precisamente en la generación de riqueza y de oportunidades para la gente que vive en ellas. Es un tema considerado desde el principio. Hay una estrategia de carácter preventivo para comunicar bien en las zonas, para identificar cuáles pueden ser los factores de conflicto y poder aterrizar la instalación de las ZEE. Pero también, ya cuando estén funcionando, hay una estrategia operativa en materia de seguridad para blindar las zonas y que puedan llegar las materias primas y salir productos terminados.

–¿En cuánto tiempo los habitantes de esas regiones del país percibirán beneficios?

–La intención es que en 2018 fluyan las primeras inversiones, que se instalen las primeras empresas. A partir de entonces se van a empezar a generar derramas económicas para la gente, que obviamente se van a ir multiplicando en el tiempo. Normalmente las zonas económicas empiezan a dar resultados a partir del cuarto o quinto años.

–¿Cómo se atenderá la necesidad de trabajadores calificados para las empresas que lleguen a las zonas económicas? El corredor Bajío-Querétaro ha logrado atraer empresas al tiempo que crea más espacios educativos especializados.

–Es un buen ejemplo. El corredor que va del Bajío a Querétaro es muy exitoso. Tiene que ver mucho con el capital humano y también con disciplina y consistencia de los distintos gobiernos. El programa de desarrollo incluye educación y capacitación para la zona. Se prevé la instalación de institutos tecnológicos, universidades y planteles del Conalep. Va a tomar tiempo, pero partimos de zonas que ya tienen hoy actividad económica. Como en otros casos, empezará con trabajadores de otras regiones, pero en el tiempo irá incorporando a personas de la comunidad.