Río de Janeiro.

En los días recientes, Michel Temer padece un súbito e inesperado brote de apuro extremo. Quiere, porque quiere, apresurar el trámite del juicio que corre en el Senado contra la presidenta Dilma Rousseff, apartada del cargo mientras se decide si su alejamiento es temporal o definitivo. Este jueves, al empezar los debates en la comisión especial del Senado, quedó claro que la disposición del gobierno es juzgar a Dilma a lo sumo en los primeros días de agosto, acortando el plazo máximo establecido por la Constitución.

Al presidente interino le sobran razones para semejante urgencia. Su desgaste es evidente y el grado de confianza depositado en sus andanzas se resume, hoy día, a nichos tan específicos como poderosos: la banca, el empresariado y las multinacionales. En el resto de la sociedad lo que se ve es una gran expectativa, y lo que se oye es puro silencio.

Varios son los factores para la veloz corrosión que se extiende por el gobierno interino en sus cortas tres semanas de existencia. De ahí el miedo de Temer y sus aliados, y la necesidad urgente de fulminar de una buena vez a Dilma Rousseff, con todo y sus 54 millones 500 mil votos, y de paso a Luiz Inacio Lula da Silva y al PT.

Primero vino la formidable secuencia de torpezas de su gabinete. Anuncios que fueron desmentidos en cuestión de horas. Además, hubo una clara decepción cuando se conocieron los nombres de sus integrantes.

Mientras conspiraba a todo vapor contra el gobierno del cual era parte como vicepresidente, Michel Temer insinuó que trataría de armar un gabinete de notables, lo que se vio, a la hora de la verdad, es un gabinete no de ciudadanos notables, sino de notorios oportunistas.

El proclamado gobierno de salvación nacional no hizo más que repetir la receta de siempre: repartir ministerios a cambio de respaldos en el Congreso. Así, Temer repitió lo que hizo su antecesora: asumió como rehén de un Congreso que abriga la peor; la legislatura menos calificada de los pasados 31 años, es decir, desde el regreso a la democracia.

Las contradicciones que en sólo tres semanas salieron a la luz son evidentes e innegables. Temer, quien se propuso cumplir el ejemplo de austeridad, dio pleno respaldo para que la Cámara de Diputados aprobara la madrugada de este jueves un aumento sustancial a los sueldos de funcionarios de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). La medida implicará gastos extras por lo menos de 58 mil millones de reales (unos 16 mil 500 millones de dólares), de aquí a 2019.

En otras palabras, el gobierno que defiende la urgente necesidad de cortar gastos en educación, salud y programas sociales con el argumento de falta de recursos, contempla cumplir con las demandas del corporativismo público.

Pero no solamente de torpezas y contradicciones vive el gobierno del interino Michel Temer.

Sus intentos por legitimarse ante la opinión pública y la comunidad internacional tropiezan con pruebas e indicios concretos de que las verdaderas razones que llevaron al alejamiento de Dilma Rousseff tienen mucho más que ver con el temor de poderosos caciques políticos de ser atrapados por las investigaciones anticorrupción, que por eventuales crímenes de responsabilidad cometidos por la mandataria. Crímenes que, a bien de la verdad, jamás fueron comprobados.

Grabaciones realizadas con autorización judicial entre febrero y marzo dejan claro de qué se trata. Romero Jucá, poderoso conspirador, fue grabado mientras explicaba a uno de los implicados en el caso Petrobras que la salida de Rousseff era condición esencial para frenar las acciones anticorrupción en el seno de la estatal petrolera. Menciona la anuencia de integrantes del Supremo Tribunal Federal y de sectores de las Fuerzas Armadas.

No se oyó ninguna voz que desmintiera sus declaraciones. En otra grabación, el ex presidente José Sarney instruye al mismo investigado sobre cómo eludir a los investigadores. Otra conversación grabada capta a Fabiano Almeida cuando instruye, al mismo investigado, cómo librar la ley.

Jucá renunció al Ministerio de Planificación menos de dos semanas después de asumir el cargo. Almeida renunció a la semana siguiente. No por ironía, ocupaba el Ministerio de Transparencia y Fiscalización, quizá gracias a sus altos conocimientos sobre cómo empañar cualquier transparencia e impedir toda fiscalización.

Un dato esclarecedor sobre el carácter de Temer: él no cesó a sus ministros. Esperó a que renunciaran. En cambio, fulminó al camarero del despacho presidencial tan pronto se sentó en el sillón correspondiente. La razón: el camarero era muy afín a Lula da Silva.

A Temer y sus aliados les urge que el juicio sea acelerado lo más posible. Porque tal y como andan las cosas, se hace cada vez más probable que muchos de los senadores que creyeron (o sospecharon) de la existencia de los crímenes de responsabilidad cambien su voto a la hora decisiva. Dilma necesita revertir solamente tres votos. Dos senadores ya insinuaron su disposición a revisar su voto inicial.

Como con cada día que pasa estalla un nuevo escándalo que involucra a algún miembro del gobierno interino, ese riesgo aumenta, y con éste, el miedo de Temer.