Zacatecas, Zac.

Enclavada en el centro del país, Zacatecas está atrapada en una disputa entre cárteles cuyos alcances repercuten en la inseguridad creciente: ejecuciones, secuestros y levantones crecen imparables. Ni la construcción de dos nuevas bases militares en este sexenio, que duplicó la presencia castrense en el estado, ni la instrumentación del mando único, a cargo de un militar, han frenado la violencia.

Estrategias fallidas, con excepción del acuerdo con los medios de comunicación locales para reducir el impacto mediático de la violencia y la percepción ciudadana de inseguridad. Pese a ello, el tema dominó las campañas como principal reclamo social y la oferta generalizada de los candidatos de contener el crimen.

Punta de lanza del priísmo hace seis años para defenestrar al gobierno de Amalia García, la inseguridad es un déficit gubernamental de Miguel Alonso Reyes: los homicidios se triplicaron, los secuestros aumentaron casi cuatro veces y fueron el doble que en la administración de García, según cifras oficiales.

La disputa entre los cárteles del Golfo y de los Zetas por recuperar la plaza, así como el arribo reciente de células del cártel Jalisco Nueva generación (CJNG) y de los Ántrax del cártel de Sinaloa, forman el entorno que rodea una estrategia fracasada de combate al crimen.

La batalla por la plaza comenzó mucho antes de la llegada al poder de Alonso Reyes, pero en este sexenio se arraigó como batalla de cárteles con gran herencia de sangre. Fuentes del gobierno admiten que las corporaciones policiacas (estatal y municipales) están infiltradas por una u otra de las bandas.

Los Zetas tenían predominio en Zacatecas hasta que en 2011 –un año después del relevo gubernamental– desde el sur del estado arribó el cártel del Golfo. Comenzó una encarnizada disputa por la plaza que continúa hasta ahora.

En tanto, a raíz de los conflictos que ha tenido en el Pacífico con otros grupos criminales y con fuerzas federales, células del CJNG también llegaron a Zacatecas desde el sur, enrareciendo más el clima de inseguridad.

Finalmente, tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera del penal de Almoloya, antes de su recaptura, el cártel de Sinaloa retomó bríos y comenzó su expansión hacia nuevos territorios, lo que permitió que células de los Ántrax, brazo armado de Sinaloa, entraran a disputar Zacatecas.

La guerra entre cárteles ha opacado la inversión de 4 mil millones de pesos que, durante su sexenio Miguel Alonso invirtió en la construcción de dos bases militares en Fresnillo y Jalpa (antes sólo existía la Zona Militar de Guadalupe, municipio conurbado a la capital del estado) y la creación de cinco Unidades Regionales de Seguridad Pública, instaladas en igual número de ejes carreteros que cruzan la entidad, para intentar, infructuosamente, contener la violencia y la inseguridad.

También ha sido inoperante el mando único policiaco, que el gobernador depositó en octubre de 2014 en el general Jesús Pinto Ortiz, con funciones de secretario de Seguridad Pública, desde el principio de la administración.

El militar retirado del Ejército, junto con seis mandos regionales distribuidos en los 58 municipios del estado, han sido incapaces de contener la violencia e inseguridad en Zacatecas, con un problema adicional: los señalamientos desde el interior de la corporación sobre presunta corrupción y colusión de mandos policiacos con grupos criminales.