or si existe duda sobre cómo en México se destruyen los recursos naturales, se violan las normas ambientales y se rompe la tranquilidad vecinal en aras del interés privado, un ejemplo es la construcción del tren que unirá a Toluca con la capital del país. Las autoridades desatendieron las denuncias de los habitantes de varios municipios del estado de México, que oportunamente señalaron que el trazo de la nueva vía afectará irreversiblemente diversos ecosistemas, campos de cultivo y asentamientos humanos pertenecientes a Toluca, Metepec, Lerma, Zinancantepec, Ocoyoacac y San Mateo Atenco. Además, las autoridades nunca los consultaron sobre la citada obra, violando así diversas normas legales.
Ahora la inconformidad crece en partes de las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Especialmente de residentes y empleados de la cada vez más populosa y caótica Santa Fe. El tren pasará por encima de la congestionada avenida Vasco de Quiroga. A lo que se suma el trazo de una nueva autopista. Todo ello afectará mucho más al antiguo y tradicional pueblo de Santa Fe y a las numerosas unidades habitacionales, oficinas y comercios que ya padecen por la falta de planeación sustentable de la obra pública y el desarrollo urbano.
Los habitantes cuyas viviendas colindan con la Alameda Poniente denuncian, por ejemplo, que las constructoras del nuevo tren arrasaron con más de cinco hectáreas antes arboladas y protegidas por la legislación ambiental y la referente a la generación y depósito de residuos. Ahora las utilizan como depósito de materiales. Además, instalaron una planta de concreto. La constructora Caabsa obtuvo el visto bueno oficial para que la empresa Concret estableciera la citada planta y contara con un espacio de 3 mil metros cuadrados para maquinaria y materiales. Además de arrasar con una zona arbolada, aplanó el terreno y abrió accesos sobre la avenida Javier Barros Sierra. La ocupación del área devastada durará dos años. Quien aprobó el cambio de uso del suelo fue la Oficialía Mayor de la Ciudad de México. Como compensación por los daños causados, cuando terminen las obras del tren la constructora debe establecer un parque ecológico
de 52 mil metros cuadrados. Extensión equivalente a la antigua y área verde que destruyó.
El trazo del citado tren despierta tal rechazo en la cada vez más saturada Santa Fe que las autoridades capitalinas y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ofrecieron modificarlo. Mientras se anuncia el nuevo, la SCT anunció que la vía será prolongada y cruzará la capital del país con punto final en el futuro aeropuerto internacional.
Pero la prioridad no es la gente y los recursos naturales, sino concluir dicha obra antes de que termine el actual sexenio que, como con otros megaproyectos públicos, se distingue por su opacidad y favorecer a grupos empresariales cercanos al Grupo Atlacomulco. Tal es el caso de La Peninsular, de la familia Hank Rhon; la española OHL, con bien ganada fama de corrupta, y el consorcio en que participan ICA (en quiebra virtual gracias al gobierno federal) y seis empresas más.
En tanto, el gobierno de la Ciudad de México, no libera
la Alameda Poniente (mide 10 hectáreas) para su uso original: un parque. Argumenta que aún desprende gases nocivos. Sin embargo, permite que lo utilice una liga de futbol llanero los fines de semana, sirve de corralón, estacionamiento público y hasta tiradero de cascajo del desarrollo
Residencial Veramonte, ubicado en la vecina zona de Las Lomas. Tirar allí miles de toneladas de tierra fragmentará la capa permeable que existe, evitando el saneamiento de dicha alameda. Igualmente, la transpiración de gases, lo que puede ocasionar una explosión.
Finalmente, dos asuntos sobre los cuales las instancias oficiales no informan: uno, las políticas de mitigación y compensación que deben cumplir las constructoras por los daños que ocasiona a la población y a la naturaleza el trazo del tren Toluca-México. Y el otro: qué colonias de la Ciudad de México se verán afectadas al prolongarlo hasta el nuevo aeropuerto.
