Hermosillo, Son.

El Congreso local aprobó ayer el primer sistema estatal anticorrupción del país, que prevé sanciones a funcionarios y particulares.

El decreto respectivo reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora. Uno de sus puntos más importantes es la obligación de presentar declaración patrimonial, fiscal y de intereses, conocida como ley 3 de 3.

Este sistema crea las bases, condiciones y lineamientos para una coordinación de todos los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, así como de la sociedad civil, en el combate a la corrupción, pues incluye un comité de participación ciudadana, explicó el diputado priísta David Palafox.

El Congreso local definirá las responsabilidades administrativas, obligaciones y sanciones de servidores públicos, así como las que correspondan a los particulares que cometan faltas graves.

Por otra parte, los diputados aprobaron sustituir la procuraduría estatal por la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el objetivo de brindarle autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios.

También se acordó crear las fiscalías especiales de Combate a la Corrupción y de Prevención y Atención de Delitos Electorales, con autonomía técnica y operativa. El actual procurador estatal, Rodolfo Montes de Oca, será nombrado fiscal general y ocupará el cargo siete años, y los fiscales especiales cinco años.