on el abandono de la mesa de negociación por parte del secretario Miguel Ángel Osorio Chong y sin una fecha para retomar las conversaciones concluyó ayer el encuentro que funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) y el subprocurador de la Procuraduría General de la República, Gilberto Higuera Bernal, sostuvieron a puerta cerrada con habitantes de Nochixtlán, familiares de las víctimas del operativo policial del domingo 19, representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como cuatro miembros de la Comisión Nacional de Mediación.

Durante el encuentro los pobladores en-tregaron un pliego petitorio de 13 puntos, entre los que se encuentran la abrogación de la reforma educativa y la creación de una fiscalía especializada para investigar los hechos del domingo 19. Del lado de las autoridades, se planteó el compromiso de que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, visite Nochixtlán en una fecha por definir, según los acuerdos que, refirió él mismo, los representantes de la localidad alcancen con las bases.

Debe recordarse que la reunión se produjo en un contexto de versiones según las cuales los habitantes de amplias zonas de Oaxaca padecen hambre y carencia de combustibles debido al supuesto desabasto causado por los bloqueos carreteros que miembros de la coordinadora y sus sectores sociales de apoyo mantienen en hasta 37 puntos del estado.

Sin negar las dificultades en la distribución de alimentos ni la escasez de algunos productos, es claro que se han magnificado esas circunstancias para presentarlas como un desabasto alimentario grave y hasta crítico que, de acuerdo con la evidencia disponible, no existe. Por otra parte, no debe ignorarse que la escasez de gasolina en los puntos de venta de Oaxaca tiene precedentes ajenos a la movilización social: en semanas recientes el combustible ha escaseado en otros puntos del país no afectados por los cortes a la circulación, como Chihuahua, en eventos que responden al reajuste de la comercialización de combustibles generado por la reforma energética.

Las versiones que magnifican la situación para presentar a Oaxaca como escenario de una auténtica emergencia causada por los bloqueos no parecen inocentes, sino que abonan a la legitimación de soluciones de fuerza que por ningún motivo deben ocurrir. En este sentido, las acciones de espectacularidad mediática emprendidas o anunciadas por la Secretaría de Desarrollo Social parecieran responder a una construcción de argumentos para ejercer la violencia del Estado en contra de los maestros.

Tales acciones han sido acompañadas por un ensordecedor ruido mediático en contra de los maestros disidentes, a quienes se pretende presentar como causantes e instigadores del malestar social que se vive en la entidad.

Estas distorsiones tienen su correlato en la minimización de lo ocurrido hace 12 días en Nochixtlán, cuando una decena de personas murieron y alrededor de un centenar resultaron heridas en un intento de la Policía Federal por despejar el bloqueo sostenido por maestros y pobladores de la localidad oaxaqueña. Pese al saldo mortal del operativo, hasta hoy no existe un planteamiento oficial de qué se está indagando y cuáles son las líneas de investigación, silencio muy grave en tanto la falta de justicia significa una continuación de la violencia, así como por el historial negativo que la presente administración pública federal viene arrastrando en materia de procuración de justicia.

En tal contexto, es obligado recordar que, a casi dos años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de seis personas en Iguala, el gobierno sigue empeñado en sostener como verdad histórica una versión que tiene graves inconsistencias, que ha sido refutada y que pareciera apostar más al olvido del caso que a una voluntad seria de esclarecimiento.

En el presente entorno de crispación social es indispensable que las autoridades se conduzcan en estricto apego a la verdad, que se haga presente la voluntad de procurar justicia de manera verosímil, que se conjure la tentación de medidas de fuerza que agravarían el conflicto y que el problema magisterial sea resuelto en paz por medio de la negociación y la disposición de ambas partes a hacer concesiones.